TRAMAS  SOCIALES  |  REVISTA  DEL  GABINETE  DE  ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES EN SOCIOLOGÍA (GEIS)

 

ISSN: 2683-8095

Nº 03 | Año 03 |Septiembre 2021

 

PATRIARCADO- CAPITALISMO, UNA ALIANZA PARA LA OPRESIÓN DE MUJERES.

PATRIARCHY- CAPITALISMO, AN ALLIANCE FOR THE OPPRESSION OF WOMEN.

Vargas, Melisa Cristina[1]

Recepción: 03/05/2021 - Aceptación: 29/07/2021

Páginas: 8-42

Resumen

A lo largo de la historia de la humanidad el patriarcado produjo una serie de “tensiones” entre mujeres y hombres originadas en la denominada “división sexual del trabajo” que confiere roles sociales y marcos de acción diferenciales sustentados en estereotipos culturales que justifican subordinaciones. Esas tensiones se agudizaron con el surgimiento del capitalismo, sistema que profundizó las desigualdades sociales en términos de clase y género.

Si bien el patriarcado como sistema opresor antecede en varios siglos al modo de producción capitalista, la vinculación entre ambos intensificó la situación de vulnerabilidad y explotación de las mujeres. El sello de esa alianza posibilitó el sometimiento a una doble jornada de trabajo: una remunerada, aunque con grandes inequidades salariales respecto de los hombres y otra no remunerada, invisibilizada y naturalizada como inherente a su propio ser: el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, necesario para el sostenimiento y reproducción del sistema capitalista.

Este estudio exploratorio descriptivo pretende problematizar la cuestión inherente a esas inequidades culturalmente construidas, colocando especial énfasis en el vínculo patriarcado-capitalismo como productor y reproductor de injusticias estructurales. A tal efecto se utilizará como estrategia metodológica el análisis documental.

Abstract

Throughout the history of humanity, patriarchy produced a series of “tensions” between women and men originated in the so-called “sexual division of labor” that confers social roles and differential action frames supported by cultural stereotypes that justify subordinations. These tensions worsened with the rise of capitalism, a system that deepened social inequalities in terms of class and gender.

Although patriarchy as an oppressive system predates the capitalist mode of production by several centuries, the link between the two intensified the situation of vulnerability and exploitation of women. The seal of this alliance made it possible to submit to a double working day: one paid, although with great wage inequalities with respect to men and another unpaid, invisible and naturalized as inherent in their own being: unpaid domestic and care work , necessary for the maintenance and reproduction of the capitalist system.

This descriptive exploratory study attempts to problematize the inherent question of these culturally constructed inequities, placing special emphasis on the patriarchy-capitalism link as producer and reproducer of structural injustices. For this purpose, documentary analysis will be used as a methodological strategy.

Palabras Clave

Patriarcado – Capitalismo – Feminismo- Género- Opresión

Keywords

Patriarchy – Capitalism – Feminism – Gender- Oppression

 

1. Introducción.

En los últimos años la academia asumió un sólido compromiso frente a las múltiples problemáticas sociales instauradas en la agenda de los feminismos. Investigaciones, seminarios, congresos, conferencias, foros, cursos, jornadas, diplomaturas, talleres, etc., se organizan regularmente en distintas unidades académicas de la Argentina y de otras partes del mundo, a fin de colocar a la ciencia al servicio de visibilizar dichas problemáticas desde un enfoque multidisciplinar al que contribuyen la Ciencia Política, la Sociología, la Economía, la Antropología, la Filosofía, entre otras.

Esta multidisciplinariedad ha permitido enfocar las investigaciones desde distintos ángulos; en la ciencia política, por ejemplo, la mirada se centraliza en el análisis del poder y de las relaciones asimétricas construidas en torno a los sexos que se trasladan a partidos políticos y sistemas electorales, y en cómo el Estado, a través de políticas públicas con perspectiva de género, puede revertir las jerarquías de género y las desigualdades estructurales. Nélida Archenti y María Inés Tula (2019) nos recuerdan que el debate feminista y el interés por los estudios de género tuvo una incorporación paulatina en el ámbito de la Ciencia Política, si bien en la década del 80 hay una serie de pasos incipientes, el reconocimiento institucional se produce una década después a raíz de un hecho trascendental: el nombramiento, en el año 1991, de Carole Pateman como primera presidenta mujer de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA).

En la sociología el interés principal es el análisis de los procesos que permiten la modelación del “ser social”. Según parámetros preponderantes en determinados contextos existen roles, funciones, atributos que son internalizados por las personas en procesos socializadores en los que las familias y las instituciones, en tanto agentes primarios y secundarios, ocupan un lugar central porque “formatean” las conciencias sellando creencias, valores y prácticas que consideran adecuadas. En efecto, la lectura de Bourdieu (2000) confirma que en cada momento histórico el orden social funcionó como una gigantesca maquinaria simbólica que ratificó y perpetuó, a través de las instituciones estatales, la dominación masculina conforme con las pautas de la arbitraria división sexual del trabajo que contribuyó a la reproducción de desigualdades entre mujeres y hombres.

La economía ha enfatizado en el análisis crítico de las brechas de género existentes en el mercado laboral, en las desigualdades estructurales y en cómo el trabajo de cuidado no remunerado obstaculiza el acceso y la permanencia de las mujeres a regímenes de trabajo formales. Amaia Pérez Orozco (2014) sostiene que la llamada economía feminista realiza una lectura del sistema económico con las gafas de género, esto es, desde una postura sensible a las desigualdades. En efecto, se distancia de las metanarrativas para focalizarse en conocimientos situados. Desde esta mirada de la economía “no se busca una verdad absoluta e irrefutable, sino responsabilizarse del lugar desde el que se observa y entrar en diálogo con otras miradas para ir uniendo verdades parciales y construyendo mapas que permitan pensar mundos mejores” (p. 60).

La antropología se centralizó en la investigación de los aspectos culturales como determinantes de posiciones y oportunidades diferenciales para mujeres y hombres. En esta línea el feminismo antropológico pretende realizar una relectura que pone en tela de juicio la mirada androcéntrica predominante en la cultura (Lamas, 1986). Marcela Lagarde (2005) enfatiza que la cultura es el producto de diversas formas de relación dialéctica entre las características biológicas y sociales de los seres humanos. Dicho de otro modo, se trata de una construcción histórica resultante de las relaciones sociales. En efecto la autora en sus investigaciones antropológicas feministas la observa “con esa peculiar mirada etnológica que analiza, indaga, interrelaciona y nombra modos de vida que le son ajenos” (p. 27).

Finalmente, los estudios en el campo de la filosofía se han orientado a desmontar el discurso filosófico patriarcal. En tal sentido, se han puesto en tensión algunas obras clásicas, propiciando su lectura a la luz de la teoría feminista desde una perspectiva de género (Amorós, 1991). En esta línea, Celia Amorós (1991) afirma que,

El discurso filosófico es un discurso patriarcal, elaborado desde la perspectiva privilegiada a la vez que distorsionada del varón, y que toma al varón como destinatario en la medida en que es identificado como el género en su capacidad de elevarse a la autoconciencia. (p. 27)

En la actualidad los invaluables aportes de las disciplinas mencionadas se articulan en estudios de carácter interdisciplinarios, que traspasan las fronteras de las ciencias para analizar de manera integral los fenómenos sociales, a partir de categorías conceptuales que son leídas desde diversas líneas de investigación.

Como afirman Nélida Archenti y María Inés Tula (2019) la Teoría Feminista penetró los más diversos claustros académicos y éstos le otorgaron solidez argumentativa a los reclamos militantes que nacen de las organizaciones de base. En efecto, “el Feminismo se convirtió en una teoría transversal que cruza todos los estudios de género” (p. 15).

En razón de ello, en el marco del presente trabajo, se recurre a los aportes de una multiplicidad de investigadores e investigadoras de distintas disciplinas científicas a efectos de indagar en qué medida la explotación de la mujer se profundiza a partir del vínculo patriarcado-capitalismo. Con esa finalidad se realizó una exhaustiva revisión de la literatura científica feminista en múltiples campos del conocimiento, teniendo en cuenta que, como sostiene Anuradha Gandhy (2019),

El feminismo es un colectivo ecléctico que incluye diversos abordajes, perspectivas y marcos teóricos dependiendo de la corriente filosófica en la que se ubique. Aun cuando todas ellas sostengan el mismo compromiso para darle voz a las experiencias de las mujeres y ponerle fin a su opresión. (p. 11)

En función de lo anterior, resulta pertinente hablar de “feminismos” en plural porque coexisten en la teoría feminista diferentes posiciones: liberales, radicalizadas, maternalistas, decoloniales, etc., que no sólo priorizan distintos ejes para el debate sino que en el campo de la acción política delinean diferentes estrategias para luchar contra opresión patriarcal (Archenti y Tula, 2019).

En el marco del presente trabajo, aun cuando se use la expresión “movimiento feminista”, no se ignoran los debates al interior de él ni las diversas vertientes que existen, muchas de ellas en disputa por hegemonizar una voz única, proyecto que resulta imposible de concretar porque atenta contra las bases de un movimiento plural, heterogéneo, sin jerarquías que busca poner fin a las opresiones derivadas del sistema patriarcal.

La pluma de Marcela Lagarde (2005) resalta que la opresión de las mujeres evidencia el papel de subordinación, inferioridad, obediencia y dependencia que el Estado y las instituciones le han reservado en las relaciones sociales edificadas bajo el dominio universal masculino y describe en detalle cómo opera esa sujeción determinada por una serie de características entre las que menciona: la división sexual del trabajo, la división genérica de los espacios sociales (producción-reproducción, creación-procreación, público-privado, personal-político) y la existencia de la propiedad privada.

También refiere como preponderante la prevalencia de relaciones antagónicas de clase, la presencia de formas, relaciones, estructuras e instituciones jerárquicas de poder y de dominio autoritario, basadas en la expropiación que hacen unos grupos a otros, la diversidad de formas de opresión sustentadas en criterios de edad, raciales, étnicos, religiosos, etc., que clasifican de manera mutuamente excluyente a los individuos y la definición del ser social de la mujer en torno a una sexualidad expropiada procreadora o erótica, estructurada en torno a su cuerpo para otros (Lagarde, 2005).

En los estudios científicos feministas uno de los hallazgos epistemológicos más importantes es la conexión entre conocimiento y poder, en tanto la legitimación de las pretensiones de conocimiento se encuentra ligada con redes de dominación y de exclusión (Maffia, 2007). Como sostiene Dora Barrancos (2020) las investigaciones inscriptas en esta línea, provocaron un campo de rupturas epistemológicas y políticas en tanto sostuvieron que la regencia patriarcal, anterior al capitalismo, demandaba un régimen de apreciación de las lógicas temporales que difería de los estadios de la humanidad. Esa alteración de edades históricas reposaría en un nuevo eje articulador de la temporalidad: las circunstancias vinculares de género.

Hablar de feminismos implica poner de manifiesto la lucha de mujeres por transformar las estructuras sociales que perpetúan desigualdades construidas a partir de estereotipos. En este sentido, es necesario rescatar a Bourdieu (2000) quien le atribuye al movimiento feminista haber logrado ampliar el área de lo politizable, al ingresar a la agenda pública preocupaciones que habían sido ignoradas por la tradición política bajo el argumento de que se correspondían con la esfera de lo privado.

En palabras de Nuria Varela (2005) “el feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y en ocasiones a costa de ellas: democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión” (p. 21).

Si bien dentro del feminismo hay diversas vertientes que surgieron en distintas épocas históricas con diferentes reclamos, todas apuntan a desterrar de la sociedad los estereotipos de género y provocar la ruptura de la vieja representación del mundo desde una sola óptica (la del varón) para desterrar la concepción de la mujer como ese “otro” no esencial del que hablaba Simone De Beauvoir (1972) al referirse al plano de secundariedad que la sociedad le había reservado. Según palabras de la autora,

La humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí, sino respecto de él; no la considera como un ser autónomo. La mujer se determina y diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella; ésta es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo absoluto: ella es el Otro. (p. 12)

La lectura de la problemática social que es objeto de estudio del presente trabajo, se realizará desde una categoría analítica que emergió de los debates y las luchas feministas de la segunda mitad del siglo pasado: el género.

Las académicas feministas anglosajonas de la década del 70´ incorporaron la categorización inaugurando los llamados “Estudios de Género” que pretenden desmontar el discurso patriarcal elaborado a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres (Hernández García, 2006).

Según advierte Cristina Molina Petit (2000) la distinción entre sexo y género se funda en la dicotomía naturaleza-cultura. La “protesta feminista” exhibida en los llamados estudios de género consistía en desvincular a las mujeres de la categoría “naturaleza” con la que se enmascaraban las desigualdades y colocarlas en la categoría “cultura” como seres sociales que se autoconstruyen y a la vez son construidos por la sociedad. El sexo determinado por cromosomas y genitales difiere del género entendido como aquel conjunto de características, comportamientos, valores y expectativas que definen, de acuerdo con las normas culturales de cada sociedad, que se entiende por “femenino” y “masculino”.

Joan Scott (2006) señala que la centralización en la cualidad social que emerge de las distinciones basadas en el sexo implica evidenciar los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la femineidad y de la masculinidad. La riqueza del género como categoría conceptual reside en develar esa red de relaciones, ese entramado oculto que se esconde bajo la biologización. En palabras de la autora “es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. El género es, según esta definición, una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado…” (p. 271).

Reforzando esa conceptualización, Begoña Marugán Pintos (2020) sostiene que,

Desde tiempos remotos las diferencias entre hombres y mujeres se han atribuido a cuestiones biológicas. En la historia del pensamiento occidental se hace responsable a la naturaleza de la distinta distribución de papeles y responsabilidades sociales entre mujeres y hombres. Por ello, cuestionar los fundamentos naturales de la diferencia de sexos ha sido uno de los aportes de la mayoría de los feminismos. A esta labor ha contribuido el concepto género como categoría analítica. (p. 201)

Ese campo de investigación académica se inspiró en una obra trascendental de Simone de Beauvoir “El segundo sexo” que iluminó el sendero para el desarrollo de los estudios centrados en la culturalización de las diferencias (Lamas, 2006).El concepto de género nos permite derribar la mitología construida en torno a la naturalización de las desigualdades para reconocer que esas injusticias estructurales responden a patrones patriarcales modelados socialmente y reproducidos generacionalmente para configurar relaciones de género asimétricas.

En este marco cobra relevancia el llamado sistema sexo-género construido por Gale Rubin (1986) como locus de opresión. “Un sistema de sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en la cual se satisfacen esas necesidades humanas transformándolas” (p. 97).

Es el aparato social el que emplea a las mujeres como mercancía y el que las moldea o las domestica como producto. La opresión es el resultado de relaciones sociales, de convenciones que organizan el sistema con roles, responsabilidades, disposiciones y privilegios de unos en detrimento de otros (Rubin, 1986). Según advierte Gale Rubin (1986) “Los sistemas de sexo/género son emanaciones ahistóricas de la mente humana: son productos de la actividad humana histórica” (p.136). Las relaciones de género regulan fundamentalmente todas las formaciones sociales por tanto no pueden ser ignoradas (Haug, 2006).

En síntesis, el género como categoría de análisis relacional permite indagar la dinámica de esas formaciones y las relaciones de género construidas a lo largo de la historia. En el marco del presente estudio exploratorio descriptivo, que utiliza como estrategia metodológica el análisis documental, la categoría analítica mencionada iluminará el sendero trazado en las siguientes páginas.

2. El invento del Patriarcado: Hombres Públicos/Mujeres Domésticas.

Sintéticamente se puede definir al patriarcado como una forma de organización política basada en la hegemonía del hombre y en la consecuente opresión de la mujer y su sometimiento a planos de secundariedad, desvalorización y subordinación.  

Como señala Marcela Lagarde (2005) es uno de los espacios históricos del poder masculino caracterizado por el antagonismo genérico unido a la opresión de mujeres y al dominio de los hombres y de sus intereses plasmados en normas, lenguajes, instituciones y relaciones sociales que exaltan deberes e identidades ineludibles a la virilidad opresora y a la feminidad oprimida. Alba Carosio (2017) afirma que “el patriarcado se sostiene en un conjunto de instituciones políticas, sociales, económicas, ideológicas y afectivas que producen y reproducen prácticas cotidianas colectivas y personales que se dan en lo público y en lo privado” (p. 28).

El patriarcado es el pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, esto es, constituye la piedra angular sobre la que se construyen todos los otros poderes; los órdenes político, económico, colonial, racial constituyen replicas funcionales de esa estructura de desigualdad (Segato, 2018). Como explica Marcela Lagarde (2005) “el poder patriarcal no se expresa sólo en sí mismo, sino que siempre se presenta articulado con otros poderes. Así, el poder patriarcal es sexista, pero es también clasista, etnicista, racista, imperialista, etcétera” (p. 92).

La patrimonialidad, esto es, la noción o idea de posesión y pertenencia, está en la base de edificación del sistema patriarcal que ordena relaciones de género jerarquizadas. Esta estructuración de la sociedad en relaciones de mando/obediencia superioridad/inferioridad deviene de la antigüedad. En el siglo IV a.C uno de los clásicos de la filosofía política, Aristóteles (1988), argumentaba la existencia de un orden natural edificado en torno a pares de opuestos dicotómicos: señor/siervo, marido/mujer, padre/hijos y sustentado en disciplinas (señoril, conyugal y paternal) que configuraban superioridades e inferioridades. En la sociedad patriarcal griega la disciplina conyugal posicionaba al macho en una jerarquía superior a la hembra: él regía y ella debía obedecer.

Como sostiene José Solana Dueso (2005) Aristóteles contemplaba a la mujer fundamentalmente como miembro de la casa (oikos) y secundariamente de la ciudad (polis), aunque reclamaba una suerte de educación elemental, nunca debía salir de los estrechos límites del oikos. En la concepción aristotélica hombre en cambio por naturaleza es un Zoon Politikón, un animal político, perteneciente a la polis, esto es, a la comunidad política y por esa razón es el único que tiene habilitado la palabra para manifestar lo justo y lo injusto (Aristóteles, 1988).

Esa diferenciación público-privada anclada en mandatos patriarcales, configurada en la antigüedad, trazó un orden jerárquico que continuó vigente en los distintos estadios históricos, reproduciéndose hasta el presente bajo nuevas formas con el fin de segregar a mujeres de diversas edades, estratos sociales y espacios territoriales y relegar su accionar a planos no protagónicos.

Rita Segato (2013, 2016, 2018) visualizaba en el llamado “mundo-aldea”, es decir, en la sociedad no intervenida por la colonialidad, la presencia de un “patriarcado de baja intensidad” que se potencia a raíz de la intervención de la administración colonial moderna, transformándose en lo que la autora denomina “patriarcado de alta intensidad”. El tránsito de uno a otro se refleja en la mutación de la estructura de género de matriz dual determinada por la reciprocidad y la complementariedad a una de matriz binaria moderna caracterizada por un referente universal que determina su alteridad.

El mundo-aldea previo a la invasión del frente colonial estaba configurado por dos espacios diferenciados. Se trata de un mundo dual, estructurado jerárquicamente, en donde el espacio público es habitado por hombres que se desempeñan en la política, la guerra, los negocios, etc., y el espacio doméstico es habitado por mujeres que se dedican al hogar y a las tareas de cuidado pero que participan de algún modo en las decisiones que afectan a la comunidad. La captura colonial moderna del mundo-aldea configura un mundo moderno binarizado que posee una estructura opresiva y violenta donde el Otro del Uno es destituido de su plenitud ontológica y reducido a cumplir con la función de alter, de otro del referente universal. Este papel de Otro (femenino, no-blanco, colonial, marginal, subdesarrollado) se constituye como condición de posibilidad para la existencia del Uno (sujeto universal, generalizable) en tanto lo construye y lo alimenta (Segato, 2013, 2016, 2018).

En el llamado mundo-aldea la política atraviesa el espacio público y doméstico. Si bien la participación como prerrogativa de deliberación estaba reservada a los hombres en el espacio público, había una consulta permanente al espacio doméstico, la dualidad característica de las relaciones sociales era por tanto de complementariedad porque las decisiones tomadas en la esfera de lo público afectaban la vida comunitaria. La esfera doméstica estaba dotada de politicidad y era de consulta obligatoria porque articulaba al grupo corporativo de mujeres como frente político. La modernidad produce un profundo quiebre de esa estructura, hay un secuestro de la política entendida como deliberación sobre lo colectivo, esto es, sobre el bien común. Prevalece en su lugar la privatización del espacio doméstico expropiando de él la politicidad y encapsulando la domesticidad como vida privada (Segato, 2013).

La transición a la modernidad y al sistema capitalista de acumulación evidencia no sólo la redefinición de las relaciones productivas-reproductivas y el carácter construido de esos roles sino también la imposición a través del uso de la máxima violencia e intervención estatal (Federici, 2010). Como sostiene Rita Segato (2013) el proceso colonizador inicialmente metropolitano y posteriormente republicano expropió las relaciones sociales y las transformó en el binarismo que posibilita acentuar el capital.

El proceso histórico configurado en torno de la masculinidad es el ADN constitutivo del Estado. La historia de la esfera pública se entrama con la del patriarcado y su mutación a partir de la “captura colonial-moderna del mundo-aldea” que es forjadora de asimetrías. Desde tiempos inmemoriales el ágora estatal se transformó en el locus de enunciación de todo discurso político y a su vez en el monopolio de la acción masculina. El sujeto paradigmático de esa esfera pública es: masculino, hijo de la captura colonial y, por lo tanto, blanco o blanqueado, propietario, letrado y pater-familias. Paralelamente se construyó un espacio diferencial para las mujeres, el privado-doméstico, devaluado abruptamente, colocado en la esfera pública en el papel residual de “otro”, desprovisto de politicidad (Segato, 2016, 2018).

Celia Amorós (1991) afirma que el patriarcado es un sistema principalmente interclasista porque el pacto que edifica el sistema de dominación masculina constituye a los individuos varones como género universal. Como menciona Heidi Hartmann (1981) el patriarcado es un conjunto de relaciones sociales entre hombres que tiene una base material y jerárquica y crea una interdependencia y solidaridad que les permite dominar a las mujeres. La jerarquía en el patriarcado refleja las posiciones que ocupan en ese sistema hombres de diferentes clases, razas o grupos étnicos, aunque todos éstos posean en común no sólo la dominación sobre las mujeres sino la dependencia unos de otros para sostener en el tiempo ese dominio. La base material del patriarcado estriba en el control sobre la fuerza de trabajo de la mujer, que se mantiene vedando su acceso a recursos productivos y restringiendo la sexualidad. Dicha base se asienta en todas las estructuras sociales que hacen posible ese control.

Marcela Lagarde (1996) señala que la organización social genérica es la dimensión social basada en la sexualidad para asignar actividades, tareas, funciones, relaciones y poderes específicos. Cada sociedad desarrolla una concepción peculiar, única y específica y en cada época histórica las sociedades hegemónicas imponen y trasladan sus modelos de organización social a través de los procesos de conquista, colonización, imperialización y globalización. En tal sentido, la autora nos recuerda que “la vida cotidiana está estructurada sobre las normas de género y el desempeño de cada uno depende de su comportamiento y del manejo de esa normatividad” (p. 19).

La organización social patriarcal es moldeada y permanentemente reconfigurada por los procesos de socialización que dan forma a un “ser social” delineado, configurado y formateado culturalmente en razón de su sexo. Al respecto Bourdieu (2000) señala que la socialización diferencial dispone a los hombres a amar los juegos de poder, provocando en ellos fascinación y seducción. Mientras, como contrapartida, la educación prepara a las mujeres a entrar en el juego por delegación, a través de una posición subordinada a la preocupación masculina. 

Cada sociedad, cada etnia elabora cosmovisiones sobre el género basadas en su propia cultura, por tanto su fuerza radica en que es parte de sus tradiciones nacionales, populares, comunitarias, familiares y generacionales. Esas cosmovisiones constituyen una parte estructurante de la auto-identidad de cada persona, además de contener ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y los hombres, es marcadamente etnocentrista, hay quienes creen que su mirada del mundo social es universal (Lagarde, 1996).

Para Marcela Lagarde (2005) el cautiverio de la mujer se origina en los modos de vida y en las culturas genéricas que son obligadas a reproducir. En cumplimiento de los mandatos de la femineidad las mujeres desempeñan un doble rol: son sujetos de la opresión y al mismo tiempo son vigías del cumplimiento de los designios patriarcales. Desde una perspectiva antropológica, el cautiverio como categoría analítica sintetiza el hecho cultural que define políticamente el estado de las mujeres en el mundo patriarcal, devela la relación específica que tienen con el poder; una relación de subordinación, de dependencia vital, de vidas estereotipadas conforme con los mandatos que se reproducen generacionalmente. En palabras de la autora,

Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo. (p. 37)

Como se dijo anteriormente el sistema sexo-género se refiere a las construcciones ideológicas y culturales que no sólo redefinen la diferencia sexual sino que le adjudican connotaciones sociales jerárquicas (Amorós, 1992). El concepto apunta a develar la conjunción de características, roles, valoraciones y comportamientos preestablecidos, impuestos y reproducidos dicotómica y generacionalmente en los procesos de socialización reforzados por el sentido común, la tradición, la política, la religión, la ideología y la clase dominante. Se trata de una forma de trasmitir, a través de instituciones patriarcales, la historia de la humanidad anclada en relaciones de poder y de clase (Esquenazi Borrego, 2018).

Los comienzos diferenciados y jerarquizados de la socialización que tienen un referente naturalizador, originan desigualdades tempranas que se refuerzan de manera paulatina a través de la educación, las prácticas deportivas, las divulgaciones a través de medios de comunicación, etc., que son torrentes por donde circulan los valores culturales. Esas prácticas no regladas, forman parte de la cultura del poder, de su construcción hegemónica (Del Valle, 2008). Las formas de socialización diferenciadas para mujeres y hombres se reflejan en la asunción de roles que llevan de forma implícita y explícita al ejercicio del poder; desde la infancia a las niñas se las introduce de forma directa e indirecta al rechazo del poder de manera que se sientan incómodas con él y prefieran delegarlo por considerarlo un ámbito extraño, hostil, un campo lleno de dificultades (Del Valle, 1992).

Cinzia Arruzza (2010) señala que Simone De Beauvoir había dado cuenta de la socialización diferenciada al sostener que “no se nace mujer, se llega a serlo”. Esa idea, según afirma la autora al inicio mencionada, “pretendía subrayar el carácter social, histórico y culturalmente construido de la “mujeridad”  (p. 93). En “El segundo sexo” la filósofa se remonta a la biología, el psicoanálisis y el materialismo histórico para responder a la pregunta: ¿qué es una mujer? Interrogante que tiempo después será retomado por otras influyentes feministas académicas como Rubin y Butler (Marugán Pintos, 2020).

Judith Butler (2006) al hacer una lectura de la filósofa francesa sostenía que “para Beauvoir llegar a ser mujer es un conjunto de actos intencionales y apropiativos, la adquisición gradual de ciertas destrezas, un “proyecto” en términos sartreanos, para asumir un estilo y una significación corporales culturalmente establecidos” (p. 303). La línea beauvoiriana de la desnaturalización de las concepciones del “ser mujer” pretende no sólo evidenciar el modo en que operan diferentes discursos legitimando un lugar de inferioridad para las mujeres sino al mismo tiempo desmantelar los sesgos sexistas naturalizados al focalizase en la situación de sujeción común a las mujeres (Smaldone, 2014).

Lo que hace la “mujeridad” de una mujer es la educación recibida, las prohibiciones, las prescripciones normativas, los condicionantes que desde el nacimiento recibe la que está destinada a convertirse en “mujer”. La “mujeridad” de la mujer muta posteriormente por efecto de una opresión y de una exclusión del poder y de la participación en la esfera de la cultura y en particular de su producción, supuestamente por causas que le son propias. (Arruzza, 2010 p. 93)

Mientras el lugar de desenvolvimiento del hombre es el ámbito de la producción, esto es, la esfera del trabajo asalariado, la mujer es relegada por mandato social al plano de la reproducción, es decir, al trabajo de cuidados no remunerado en la esfera doméstica. El destino público de los hombres es la base de sustentación de un mundo trazado en clave masculina. Desde la modernidad la conquista de derechos educativos, políticos y sociales lograron superar las barreras de clase pero no las de género dado que primigeniamente esos derechos fueron vedados para las mujeres.

La historia oficial relata una humanidad masculinizada que coloca al hombre en el centro de la escena pública como patrón y medida de todas las cosas. Según la cosmovisión dominante él fue el de las grandes gestas, el hacedor de las conquistas individuales y colectivas. Basta ojear los libros que analizan la Revolución Francesa, fundamento político del capitalismo en sus inicios, para visualizar cómo se borra a las mujeres de esa coyuntura. Esa mirada oficial que reprodujo los acontecimientos desde una concepción androcéntrica facilitó la consolidación de la hegemonía masculina.

El patriarcado recurrió a toda clase de estrategias y categorías teóricas para justificar las inequidades sociales gestadas en torno a los sexos, principalmente a la llamada “división sexual del trabajo”. Así, colocando la mirada en las diferencias anatómicas entre el sexo femenino y el masculino, se edificó un sistema que usó esas diferencias para pergeñar otras en el campo de lo social, lo político y lo económico.

La división sexual del trabajo no sólo prescribe estereotipos en términos binarios sino que es la punta del iceberg que justifica el sometimiento de las mujeres. Bajo la órbita del patriarcado y del capitalismo, la situación de vulnerabilidad e inferioridad se origina en la diferenciación de esferas propias de actuación que son configuradas según el sexo: mientras el ámbito público-productivo fue el destino reservado para el hombre, la mujer quedó relegada al privado-doméstico.

Esa división originó un prototipo de familia sustentada en la figura del varón-proveedor y de la mujer-cuidadora, que sentó las bases de determinada economía social y política (Faur, 2014). La división sexual del trabajo no sólo diferencia tareas sino que confiere o quita prestigio y eso se refleja en las recompensas económicas que se obtienen (Varela, 2005). El sustento de esa forma de división del trabajo, legitimada socialmente y trasmitida generacionalmente, reside en dos principios organizadores: el de la separación que argumenta que hay trabajos propios de hombres y otros específicos de mujeres; y el de la jerarquía que le otorga un valor a los trabajos, postulando de una cuantía superior a aquellos que son realizados por hombres (Kergoat, 2000).

Desde una visión preponderantemente machista, el sentido común configurado con base a preceptos patriarcales indica que quienes escapan a esos mandatos sociales reproducidos generacionalmente y aggiornados al contexto socio-histórico, están “desnaturalizando” su función en la sociedad, esto es, alterando el “orden natural de las cosas”.

En este marco, emerge otro concepto para analizar las desigualdades de género: el de relación social. Ese elemento analítico permite leer la analogía binaria hombre/mujer en clave de antagonismo. En este sentido, Danièle Kergoat (2000) lo define como

Una tensión que atraviesa el campo social. No se trata de algo reificable. Esta tensión erige ciertos fenómenos sociales en envites alrededor de los cuales se constituyen grupos de intereses antagónicos. En este caso se trata del grupo social hombres y del grupo social mujeres, que no debe en ningún caso confundirse con la bicategorización biologizante machos/hembras. (p. 70)

La relación social permite visualizar como interaccionan dos colectivos (mujeres/hombres) que históricamente han sido diferenciados.

Estos grupos están pues en tensión permanente alrededor de una postura, en este caso el trabajo y sus divisiones… Las relaciones sociales entre los sexos y la división social del trabajo son dos términos indisociables y que forman epistemológicamente un sistema, la división sexual del trabajo tiene el estatus de postura de las relaciones entre los sexos. (Kergoat, 2000, p. 70)

Danièle Kergoat (2000) añade de modo complementario al concepto de relación social una serie de dimensiones que la caracterizan: el antagonismo entre hombres y mujeres, las diferencias en términos de constructos sociales sustentados a su vez en una base material e ideológica y como corolario de ello, la dominación de un sexo sobre el otro; esto es, la relación de poder jerarquizada. Estas relaciones sociales, plasmadas en normas, leyes, representaciones, etc., son las que terminan moldeando la sociedad. En virtud de ello, sostiene que el debate que nos debemos dar no sólo de orden epistemológico, sino fundamentalmente político en la medida en esas relaciones desiguales, antagónicas, estereotipadas, se corporizan, esto es, se institucionalizan y consecuentemente se legitiman.

El patriarcado ha logrado montar y sostener un discurso hegemónico a través del tiempo: hombres públicos/mujeres domésticas ha sido su bandera histórica que ha permitido construir una sociedad bifurcada, desigual, jerárquica con predominio de los hombres sobre las mujeres.

3. Patriarcado- Capitalismo, una alianza para la opresión de las mujeres.

El análisis del vínculo patriarcado-capitalismo en perspectiva histórica sirve para arrojar luz sobre la temática que nos ocupa. Esta relación no es originaria ni surge de modo simultáneo, el patriarcado no sólo antecede en varios siglos al surgimiento del modo de producción capitalista, sino que coexistió con los distintos modos de producción predominantes en determinadas épocas. Sin embargo, fue a la sombra del sistema capitalista donde se acentuaron las desigualdades sociales de clase y género, potenciadas e intensificadas por esas dos formas de opresión que acordaron las bases de los cimientos que sustentan y justifican las inequidades. Es la “alianza” patriarcado-capitalismo, edificada sobre la base de la división sexual del trabajo, la que selló el statu quo imperante.

Christine Delphy (1985) advierte que en el seno de nuestras sociedades las mercancías no sólo se producen según el modo industrial sino también según el modo familiar, el primero da lugar a la explotación capitalista, el segundo a la explotación patriarcal.  

En efecto, existe “una solidaridad sistémica entre capitalismo y patriarcado vinculada con la reproducción de la fuerza de trabajo” (Martín, 2019 p. 60). Ese respaldo mutuo se ha mantenido invariable a través del tiempo. Los cambios coyunturales, las concesiones y flexibilidades no han logrado quebrar la relación sistémica que permanentemente resurge aggiornada a los nuevos tiempos. Como sostiene Heidi Hartmann (1981) “el sentido común, la historia y nuestra experiencia nos enseñan, sin embargo, que estos dos aspectos de la producción están tan estrechamente interrelacionados que los cambios en el uno crean habitualmente movimientos, tensiones o contradicciones en el otro” (p.14).

El vínculo patriarcado-capitalismo favoreció al desarrollo de relaciones de género ancladas con base a sus intereses y necesidades. Tanto el ámbito público como el privado se moldearon a imagen y semejanza de ambos sistemas y se configuraron prácticas diferenciadas de dominación/subordinación. Mientras la figura del hombre se realzó en el imaginario colectivo como el sexo fuerte, protector, proveedor, la mujer quedó estereotipada como el sexo débil, sumisa y cuidadora por “naturaleza”.

Frigga Haug (2006) afirma que las relaciones de género son constitutivas y reguladoras en todas las formaciones sociales que conocemos, los diferentes modos de producción en la historia han sido moldeados por ellas. En esa línea, Claudia Anzorena (2013) advierte que,

Son relaciones históricas y, como tales, han ido mutando producto de las luchas, las alianzas, las confrontaciones. Aquello que se considera perteneciente a lo público o a lo privado y a las consecuentes divisiones sociales del trabajo y de los saberes por sexo se ha ido modificando. Las formas que asumen hoy estas relaciones son las que han ido adquiriendo desde la emergencia del capitalismo, a partir de la transformación en el modo de acumulación y sus nuevas modalidades, en combinación o coexistencia con el patriarcado. (p. 64)

Las relaciones de género en el mundo del trabajo deben leerse como manifestaciones de las relaciones sociales de producción expresadas tanto en la estructura económica como en la superestructura montada sobre ella. Esa lectura resalta su vinculación con los procesos de acumulación capitalista y su funcionalidad a la lógica del capital. En el mundo del trabajo las desigualdades de género son parte de las formas de manifestación de la contradicción capital-trabajo (Esquenazi Borrego, 2018).

Frigga Haug (2006) señala que bajo el capitalismo las relaciones de género están  jurídicamente constituidas y moralmente formadas; se trata de relaciones insertas en la política y en la ideología que resultan provechosas y rentables para el mercado. En razón de ello, la autora sugiere pensarlas como relaciones de producción en un triple sentido: 1) como nivel en el que las personas están posicionadas para organizar y producir sus vidas, 2) como momento decisivo en la producción de medios de vida relacionados con la producción y el mantenimiento de la vida y 3) como campo de contradicciones internas y entre modos de producción.

Una lectura similar realiza Claudia Anzorena (2013) quien considera que históricamente las reconfiguraciones de las relaciones de género se suscitaron en base a los intereses del capitalismo y del patriarcado. Las concesiones de derechos a mujeres siempre estuvieron legitimadas por éstos, razón por la cual se avanzó hasta donde ambos sistemas permitieron. En este sentido, la autora expresa que “diferentes coyunturas y configuraciones de relaciones de fuerza permitieron a las mujeres ir ampliando los límites de tolerancia del patriarcado y el capitalismo en relación con el papel que ellas ocupan en los espacios público y privado” (p. 67).

El capitalismo ha construido un modelo normativo de autosuficiencia que consagra en el centro de la escena al hombre proveedor como prototipo. La literatura económica feminista ha erigido la figura del “trabajador champiñón” para poner el acento en la crítica a la imagen de ese hombre libre que no tiene responsabilidades de cuidado sobre nadie y que firma el “contrato modernizador” obteniendo todo lo que necesita en el mercado por sí mismo, con su esfuerzo y “sacrificio”. En esa lectura la idea de meritocracia se vincula a la de autosuficiencia, componente “propio” de la masculinidad (Pérez Orozco, 2014).

Amaia Pérez Orozco (2006, 2012, 2014) brinda mayores precisiones sobre lo que implica la figura del “trabajador champiñón”, expresión que es usada por la economista para denunciar la negación del trabajo de cuidado no remunerado e invisibilizado. La autora señala que cada vez con mayor frecuencia el mercado laboral necesita personas que no tengan ni responsabilidades de cuidados, ni necesidades que interfieran con los objetivos de las empresas en las que se desempeñan, como si éstas brotarán libres de la nada. Sin embargo, ese hombre independiente, autosustentable tiene como contracara a una mujer dependiente que cubre en el ámbito privado las necesidades de cuidado del trabajador champiñón. Dicho de otro modo, ese trabador ideal sólo puede existir en la medida en que, desde la retaguardia, la mujer asuma la responsabilidad de mantener la vida familiar a través del trabajo de cuidado no remunerado.

Sin ellas, sujetos subalternos que se encargan de los cuidados, no hay ellos que vayan al mercado ni a ningún otro lugar. No se trata solo de ocultar un ámbito clave de actividad socioeconómica, sino de imponer un modelo vital de autosuficiencia, que no es universalizable, ya que se mantiene al ocultar las dependencias y a los sujetos que las resuelven. (Pérez Orozco, 2014 p. 211)

La vida social está escindida entre dos esferas distintas: el trabajo creador de valor (trabajo productivo) y el trabajo creador y reproductor de vida, (trabajo reproductivo). Esas dos esferas son jerarquizadas o subalternizadas según el sexo. El trabajo productivo, asociado a la masculinidad, ocupa una posición de privilegio mientras que las actividades domésticas-reproductivas, vinculadas con la femeinidad, son infravaloradas y no de gozan prestigio social alguno. La diferenciación da lugar a una relación de dominación social ejercida por los hombres sobre las mujeres (Martín, 2019).

En este marco, resultan interesantes los aportes de pensadoras feministas, como Christine Delphy, quien desde su posición de feminista materialista analiza el modo de producción doméstico en que la explotación patriarcal erige la base para la opresión de las mujeres. En efecto, su mirada recae sobre las actividades que las mujeres realizan al interior de la unidad doméstica, esto es, el trabajo de cuidado no remunerado (Smaldone, 2014).

Christine Delphy (1985) sostiene que la sociedad capitalista reposa en el trabajo gratuito de mujeres en el seno familiar. Los servicios domésticos y de cuidado que se desarrollan en ese espacio carecen de valor y por tanto están excluidos del intercambio. Las contraprestaciones que reciben las mujeres son independientes del trabajo aportado, esto es, no se ofrecen como salario sino como una suerte de donativo; la obligación del marido es ocuparse del mantenimiento de esa fuerza de trabajo.

Silvia Federici (2010) señala que bajo el imperio del capitalismo, el diferencial de poder entre mujeres y hombres debe leerse como

(…) el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socio-económica y como una fuente de acumulación del capital y, en cambio, la mistifica como un recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la condición no-asalariada del trabajo involucrado. (p. 13)

Inspirada en el concepto de acumulación originaria de Karl Marx, Silvia Federici (2010) analiza los cambios que esa categoría introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo. En tal sentido, su descripción de la acumulación originaria incluye fenómenos que están ausentes en la obra marxista pero que son relevantes para la acumulación capitalista, entre ellos: la división sexual del trabajo que somete el trabajo y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo; la construcción de un orden patriarcal sustentado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres, y la mecanización del cuerpo proletario femenino y su transformación en una máquina de producción de nuevos trabajadores.

Distintas investigaciones advierten que la relación de explotación trasciende las clases sociales al colocar a mujeres burguesas y proletarias en un mismo plano de opresión patriarcal. En esa línea se inscriben las contribuciones de Delphy (1985) quien advierte que la explotación patriarcal es la opresión común, específica y principal de las mujeres. Común porque alcanza a todas, específica por la obligación de prestar servicios domésticos gratuitos y principal porque aun cuando estén insertas en el mercado de trabajo, están condicionadas por su explotación en tanto mujeres.

Dicho de otro modo, independientemente de su clase social de pertenencia las mujeres participan de relaciones sociales comunes más allá de que tengan un contrato matrimonial con un empresario o con un obrero (Mora, 2005). La diferencia entre unas y otras reside en el tipo de prestación en las relaciones de producción (Delphy, 1985). Enrico Mora (2005) define a las relaciones de producción como,

Formas históricas de interacción social mediante las cuales producimos nuestra vida, que se refieren a la forma de participación histórica de los sujetos en la división social del trabajo…La producción de nuestra vida no se puede explicar cabalmente si no se incluye en su análisis la producción doméstica no mercantil en su forma patriarcal. (p. 21)

En el marco de las relaciones de producción de servidumbre que las mujeres mantienen al interior de los núcleos familiares, las que pertenecen a la clase burguesa generalmente “deben realizar menos prestaciones de trabajo doméstico a cambio de un aumento de las prestaciones de representación social” (Delphy, 1985 p. 23).

No obstante, la opresión que sufren las mujeres proletarias es mayor porque a la explotación genérica como mujeres se le suma una red de opresiones configuradas en una interseccionalidad que las envuelve para mantenerlas atrapadas. Por tanto, Mariana Smaldone (2017) advierte que el análisis de las inequidades gestadas en torno al trabajo de cuidado resulta incompleto si solo da cuenta de la desigual distribución en términos de género. En efecto, propone pensarlas también en términos de clase y de pertenencia étnico-racial y social, en tanto estos elementos acentúan y profundizan las desigualdades originarias.

María Lugones (2008) siguiendo la perspectiva de la colonialidad del poder, investiga la colonialidad de género, haciendo uso de una perspectiva epistemológica que rescata la categoría analítica de la interseccionalidad como vital para leer el “sistema moderno-colonial de género”. Su intención es visibilizar lo que se esconde al analizar a los fenómenos sociales de manera aislada. En palabras de la autora: “la lógica de separación categorial distorsiona los seres y fenómenos sociales que existen en la intersección” (p. 82)

El análisis feminista de la interseccionalidad denuncia la perspectiva sesgada  del feminismo hegemónico que sostiene la existencia de una identidad común que invisibiliza las múltiples estructuras de opresión  (Cubillos Almendra, 2015). En efecto, si bien todas las mujeres compartimos la opresión patriarcal, las desigualdades resultantes de la jerarquización establecida por el patriarcado se acentúan aún más en mujeres de sectores populares, racializadas, migrantes, etc.

El vínculo sistémico patriarcado-capitalismo que favorece la opresión de mujeres se refleja en dos ámbitos diferenciados: el mercado de trabajo remunerado y el campo de los cuidados.  Según advierte Cinzia Arruzza (2010) esa opresión constituye:

Un elemento estructurante de la división del trabajo y se cuenta directamente entre los factores a través de los cuales el capitalismo no solo refuerza su dominio en términos ideológicos, sino que organiza continuamente la explotación del trabajo vivo y su reproducción. (p. 21)

La explotación de las mujeres no es sólo material, no se encuentra vinculada exclusivamente a su situación de clase, sino fundamentalmente simbólica; hay una explotación inscripta socialmente al quehacer de su propio género que se materializa en esa otra “jornada laboral” desarrollada en el plano doméstico, que en el contexto de la economía capitalista es necesaria para la reproducción del orden social.

Gale Rubin (1986) advierte sobre las múltiples lecturas que pueden realizarse sobre los papeles asignados en el capitalismo, donde las mujeres no sólo son una reserva de fuerza de trabajo que proporcionan una plusvalía extra al burgués sino que, en el rol de administradoras del consumo familiar asignado en la división sexual del trabajo, contribuyen a reproducir la lógica consumista impulsada por el sistema.

En tal sentido, la referida autora comparte la importancia de la existencia de los estudios que centralizan la opresión de las mujeres en el corazón de la dinámica capitalista a partir de la estrecha relación que se configura entre el trabajo doméstico y la reproducción de mano de obra que empleará el sistema. La función primordial de la mujer en el reino del capital es “cuidar y educar” a los futuros instrumentos necesarios para la reproducción del sistema, proporcionando una mayor ganancia al capitalista, razón por la cual afirma que “el trabajo doméstico es un elemento clave en el proceso de reproducción del trabajador del que se extrae plusvalía” (Rubin, 1986 p.100).

Nuria Varela (2005) al analizar la cuestión del cuidado señala que,

El tiempo que se dedica a los niños y las niñas, a los hombres y mujeres desde el hogar es determinante para que crezcan y se desarrollen como seres sociales, con capacidad de relación con seguridades afectivas… todas aquellas características que nos convierten en personas. (p. 209)

Es esa actividad de cuidado, no reconocida remunerativamente e invisibilizada socialmente, la que posibilita que el Estado y el mercado funcionen. Maxine Molyneux (2005) enfatiza que el hogar es una unidad de consumo pero también un locus de producción de valores de uso, en forma de bienes y servicios que son necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajo de cuidado es necesario en todas las sociedades aunque el locus no siempre es la familia dado que aquellas mejor posicionadas en la estructura social pueden recurrir a mediaciones extra-familiares. De hecho bajo el capitalismo, esas mediaciones se adquieren en el mercado o a través del Estado.

El Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) es el trabajo que permite que las personas se alimenten, vean sus necesidades de cuidados satisfechas, cuenten con un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus actividades cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras. La distribución del TDCNR es estructuralmente desigual: 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias. Ellas dedican tres veces más tiempo que los varones. (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020b, p.3)

Esa asimetría en la distribución del tiempo explica no sólo la baja participación de mujeres en el mercado laboral, sino también la desprotección social a la que están sometidas producto del desarrollo de trabajos más precarios (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020b).

Amaia Pérez Orozco (2014) expresa que los sistemas de cuidado se caracterizan por tres elementos: feminización del cuidado (en el imaginario colectivo se conciben como “cosa de mujeres”), inexistencia de responsabilidad social para proporcionarlos (ante la ausencia de políticas públicas de cuidados, éstos quedan relegados al ámbito de lo privado doméstico y pueden delegarlo solo aquellas mujeres que cuenten con recursos monetarios suficientes) y nexo sistémico entre cuidados y desigualdad, respecto de este último aspecto la autora indica que,

Se producen flujos asimétricos de cuidado de unos grupos sociales a otros (de mujeres a hombres, de clases populares a clases medias-altas, de hogares migrantes a autóctonos, de países de la periferia a los del centro, etc., y el acceso a cuidados satisfactorios y libremente elegidos se convierte en un eje de fuerte diferenciación social. (p. 212)

La autora visualiza una profunda conexión entre los tres elementos arriba mencionados y el capitalismo heteropatriarcal: el predominio de la centralidad de los mercados obstruye pensar los cuidados en términos de responsabilidad colectiva porque el mercado no sólo los privatiza sino que a su vez los feminiza en un triple sentido: simbólico, subjetivo y material; y ese sistema anclado en la desigualdad termina por invisibilizar el conflicto capital-vida (Pérez Orozco, 2014).

En Argentina, la oferta pública de cuidado es muy reducida, razón por la cual las familias empobrecidas o con ingresos medios deben hacerse cargo de la gestión, mientras que aquellas de sectores altos acceden a la desfamiliarización a costa de un incremento de la mercantilización (Cánovas Herrera, 2018).

La ausencia de políticas públicas que contemplen una provisión adecuada de centros públicos de cuidado, especialmente para familias que se ubican en los escalones más bajos de la estructura social, contribuye a que algunas mujeres rechacen el trabajo externo remunerado o acepten trabajos precarios de medio tiempo para dedicarse en forma exclusiva a las tareas del hogar y al cuidado de los integrantes del grupo familiar. Por tanto, es esa ausencia de políticas públicas de cuidado la contribuye a legitimar el alto desempleo femenino y la precarización laboral (Molyneux, 2005).

Si bien en el sistema capitalista todas las mujeres comparten la situación de ser explotadas por el patriarcado, aquellas de sectores sociales bajos o medios son triplemente explotadas: a la doble jornada que desarrollan en el plano laboral y doméstico, se le suma la precarización en el marco de trayectorias laborales inestables que, en la mayoría de los casos, fluctúan en los márgenes de la informalidad laboral. Situación agudizada en gobiernos conservadores neoliberales en donde los derechos laborales son vulnerados con políticas de ajuste y flexibilización laboral que obligan a las mujeres al pluritrabajo para su subsistencia diaria.

Como nos recuerda Nuria Varela (2005) los modos organizativos laborales implementados durante gobiernos neoliberales estuvieron orientados a recortar salarios en términos nominales, derechos laborales y a configurar una fuerza de trabajo fragmentada. En ese escenario, las mujeres principalmente se vieron obligadas a trabajar de manera autónoma, por hora, por obra, con horarios flexibles, en jornadas extensas, sin contratos ni derechos laborales y con intervalos en la continuidad laboral, lo que se tradujo en periodos de inactividad sin ingresos.

Heidi Hartmann (1981) sostiene que en el sistema capitalista la segregación de los puestos de trabajo por sexos favoreció el establecimiento de una menor remuneración para aquellas tareas realizadas por mujeres como forma de asegurar la dependencia económica respecto del hombre. En tal sentido, la autora señala que el acuerdo patriarcado-capitalismo incluyó la creación del salario familiar a inicios del siglo XX, instrumento que selló la base material de dominación masculina de dos formas: en primer lugar al percibir las mujeres en el mercado de trabajo un salario más bajo que los hombres, se perpetúan las ventajas materiales de éstos y estimula a ellas a escoger el trabajo no remunerado. En segundo lugar, esas responsabilidades hogareñas inherentes al trabajo doméstico y de cuidado, beneficia directamente al hombre y refuerza a su vez la posición de inferioridad de las mujeres en el mercado de trabajo.

Nuria Varela (2005) sostiene que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no se da en las mismas condiciones que la de los hombres, ni el salario, ni los índices de empleo son equivalentes. “El salario y el paro llevan un apellido, <<femenino>>, que los diferencia claramente de la situación salarial y de los índices de empleo masculinos” (p. 216).

Si nos remontamos al ámbito del mercado laboral para analizar la situación de las trabajadoras formales, diversos estudios e investigaciones desarrollados en torno a la vinculación mujer/trabajo señalan que, en el contexto del sistema capitalista, uno de los problemas más frecuentes son las brechas salariales de género (Rojo Brizuela y Tumini, 2008; Carranza y Alderete, 2014; Actis Di Pasquale y Lanari, 2015; Paz, 2018; Poltorak, 2018).

En este sentido, es interesante destacar el trabajo de Sofía Rojo Brizuela y Lucía Tumini (2008) quienes realizan una lectura de esas brechas de género explicando los postulados de la teoría del capital humano, que defiende la existencia de una relación directa entre ingresos y competencias laborales adquiridas a través de la educación formal, la capacitación, el perfeccionamiento y la experiencia. En el caso de las mujeres, las responsabilidades de cuidado limitan sus posibilidades de acumular capital humano, acotando la productividad y sus salarios. Asimismo, dichas responsabilidades incrementan los costos laborales de las mujeres, en términos de mayores niveles de ausentismo e impuntualidad, rotación entre empleos y mayores costos de infraestructura (guarderías infantiles), lo que acentuaría las brechas laborales. Desde la mirada capitalista, donde prevalece el lucro, los salarios inferiores pagados a mujeres serían una forma de compensar los mayores costos laborales.

Mónica Sladogna (2018) usa la expresión “suelo pegajoso” para referirse a las fuerzas que mantienen a las mujeres capturadas en la base de la pirámide económica. En tal sentido señala que el trabajo de cuidado no remunerado impregna una cierta “adhesividad” a las mujeres en el ámbito familiar y obstaculiza la realización de una carrera laboral. La sobrecarga que les impone a las mujeres la doble jornada laboral contribuye a que en lugar de progresar profesionalmente, renuncien al trabajo formal o reduzcan sus jornadas laborales, además de ocupar puestos menos prestigiosos en tanto las posibilidades de ascenso se ven disminuidas porque las responsabilidades familiares obstaculizan su formación. Esos “lazos de seda” no son fáciles de desatar y la sublevación no siempre es posible.

Aun cuando se abran posibilidades de profesionalización, en muchos casos esos espacios se edifican sobre estereotipos de género. En tal sentido resulta interesante la lectura de Claudia Anzorena (2008) quien advierte que la educación, como antesala de la segregación ocupacional, privilegia la presencia de mujeres tanto en carreras que prolongan su rol doméstico y maternal (docente, trabajadora social, etc.) como en las que permiten complementar las tareas masculinas (enfermera, secretaria, etc.).

En el ámbito de los oficios las mujeres también aparecen atadas a aquellas tareas inherentes al rol doméstico socialmente asignado por la división sexual del trabajo. En este marco, Lourdes Benería (2006) señala que en la economía capitalista una parte del trabajo de cuidado se mercantiliza, convirtiéndose en trabajo remunerado para algunas mujeres que se desempeñan en oficios tradicionales, tales como: el trabajo en guarderías, lavanderías, venta de comida, etc. Se trata de actividades que contribuyen a la reproducción del orden social.

Ese “suelo pegajoso” o “gueto de terciopelo” termina por moldear y feminizar sectores profesionales y actividades laborales. Los trabajos “aptos para mujeres” no solo son minusvalorados simbólicamente sino también materialmente ya que se caracterizan por la reducción salarial, el deterioro de las condiciones laborales y constituyen un óbice para el ascenso. El llamado “techo de cristal” refiere a una superficie invisible que obstaculiza las posibilidades de las mujeres y que  es difícil de atravesar (Sladogna, 2018).

La inserción laboral femenina es una problemática estructural, las mujeres que de algún modo “escapan” de los mandatos sociales impuestos por el orden patriarcal y logran acceder a un empleo formal, se enfrentan permanentemente a situaciones de inferioridad laboral: el desempeño de tareas en sectores fuertemente feminizados, la desigualdad de salarios, la discriminación de género y la violencia laboral son algunas de las barreras frecuentes que las trabajadoras deben atravesar en el contexto de un sistema que las oprime no sólo en el plano laboral sino también en el doméstico con la sobrecarga que produce esa otra jornada no remunerada, invisibilizada y naturalizada como inherente a su propio ser: el trabajo de cuidado, necesario para el sostenimiento y reproducción del sistema capitalista.

En un mundo dominado aún por la tradicional división sexual del trabajo, continúan predominando barreras persistentes que impiden la participación en el mercado laboral. En tal sentido Claudia Anzorena (2013) señala que a lo largo de la historia las mujeres han tenido que enfrentar tres obstáculos: invisibilización porque se obstaculizó su participación en la esfera pública, justificación porque si bien siempre existieron mujeres insertas laboralmente fuera del ámbito doméstico se consideraba no sólo circunstancial sino también secundario y desprestigio porque quienes se resisten a “domesticarse” aparecen en el imaginario tradicional como ejemplo de inmoralidad y deshonra por alterar el orden natural de las cosas.  

La evidencia señala que en Argentina en el cuarto trimestre de 2018, el 11% de las mujeres de 16 a 59 años se encontraban desempleadas en comparación con el 9% de los varones inscriptos en el mismo rango etario. Asimismo, las mujeres con hijas/os menores de 18 años tendrían una tasa de desocupación mayor que el resto de las mujeres, hecho que estaría vinculado a las responsabilidades inherentes al cuidado. La tasa de desocupación tiene correlación negativa con el nivel educativo alcanzado; el desempleo afecta al 14% de las mujeres con secundario incompleto, completo o con algunos años de educación superior, y solo desciende al 4% para aquellas que logran terminar el ciclo de educación terciaria o superior. Si bien en Argentina la brecha educativa es positiva para las mujeres, éstas enfrentan mayores obstáculos para que esos resultados se reflejen en el mercado de trabajo, situación que podría actuar como un desincentivo para su formación (Díaz Langou et al. 2019).

Las brechas salariales entre hombres y mujeres en el sector privado suelen ampliarse en función de actividades específicas, generalmente disminuyen en aquellas ocupaciones que en virtud de la tradicional división sexual del trabajo serían “propias” de mujeres (enseñanza, hoteles y restaurantes, servicios sociales, salud) mientras que se amplían y acentúan en tareas que son consideradas “exclusivas” del campo masculino (intermediación financiera, industrias manufactureras, servicios empresariales, etc.). En consecuencia, el principio de “igual remuneración por igual tarea” es ficticio puesto que para una misma actividad laboral el valor de la fuerza de trabajo femenina es inferior a la masculina y la plusvalía que le queda al capitalista por el trabajo femenino es sustancialmente mayor (Rojo Brizuela y Tumini, 2008).

Las mediciones producidas recientemente exhiben datos que evidencian la persistencia de injusticias y desigualdades. En un informe elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2020a) se destaca que el desempleo y la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ganan un 29% menos que los hombres, brecha que asciende a un 35,6% en trabajos informales. La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años y entre esa población la tasa de desocupación de mujeres es de 23%. Respecto de la participación en el mercado de trabajo la tasa promedio para mujeres es de 49,2% mientras la de varones es de 71,2%. El nivel educativo influye en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; aquellas con estudios universitarios completos o incompletos tienen una tasa de actividad del 74,3% y el porcentaje desciende a 55,1% para quienes tienen secundario completo y a 35, 9% para quienes no completaron la educación secundaria.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha consolidado muchas de las problemáticas estructurales que se arrastraban de antaño. Los informes técnicos de organismos públicos producidos en el año 2020 siguen señalando una situación desventajosa para las mujeres, agudizada por los estragos que ha producido la crisis socio-sanitaria en el mercado de trabajo.

En un documento elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2020b) se enfatiza que las medidas preventivas necesarias para contrarrestar el avance del COVID-19 provocaron un cambio rotundo en las rutinas de la población que derivó en una sobrecarga de tareas domésticas y de trabajo de cuidado no remunerado que, previo a la pandemia, se resolvían de otras formas, principalmente recurriendo al mercado o al Estado.

En el referido documento se ensayó una monetización TDCNR, esto es, la valorización y cuantificación en términos de Producto Bruto Interno (PBI)[2]. A tal fin se calculó cuánto costarían esas actividades si se trataran de tareas remuneradas, estableciendo un valor mínimo que sirva como parámetro a partir del uso del llamado “método generalista” que en Argentina es la medición del ingreso más bajo del personal de trabajo doméstico remunerado. Los resultados obtenidos son reveladores; “el TDCNR representa un 15,9% del PIB y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%)” (p. 10).

De esos datos se desprende que “el sector de los cuidados es un sector estratégico a la hora de pensar la reactivación económica del país” (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020b p.4). En razón de ello, una deuda pendiente del Estado es valorar y reconocer ese trabajo que realizan las mujeres tanto al interior de los hogares como en organizaciones sociales, sosteniendo comedores, merenderos y otros espacios comunitarios de cuidado. Es ese trabajo invisibilizado el que produce el mayor aporte a la economía en términos de PBI.

 

4. Reflexiones Finales.

En los debates sobre la temática que es objeto de estudio del presente artículo suele presentarse como inquietud el siguiente interrogante: ¿Existe un capitalismo patriarcal o un patriarcado capitalista? Luego de examinar el vínculo patriarcado-capitalismo en estas páginas esa pregunta pierde validez no sólo porque como sostiene un viejo axioma el orden de los factores no altera el producto sino, ante todo, porque en esa alianza sostenida en el tiempo por dos sistemas opresores de las mujeres poco importa el orden de prelación, cuando ambos encontraron en el otro el complemento de su reproducción.

La alianza patriarcado-capitalismo sellada con el anhelo de mantener “el orden natural de las cosas”, artificio construido en base a preceptos culturales, se manifiesta en la opresión de mujeres en su doble trabajo: empleo formal remunerado (aunque en condiciones salariales muy inferiores a la de los hombres) y trabajo de cuidado no remunerado e invisibilizado.

Esta problemática estructural no está circunscripta a un tiempo específico pero tampoco reconoce razas, fronteras geográficas o territoriales, edades ni clases sociales, aunque la opresión se acentúa exponencialmente en mujeres de sectores populares, racializadas y migrantes, generando mayores niveles de desigualdad social. En efecto, el género, la clase social, la condición étnico-racial y la nacionalidad se configuran en una interseccionalidad de opresiones.

En las sociedades actuales, caracterizadas por elevados niveles de participación popular en partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se puede instalar desde esos espacios la necesidad de derribar el montaje ensamblado por la alianza patriarcado-capitalismo para sentar las bases de un orden social más justo y equitativo. La visibilización de demandas inherentes a las problemáticas sociales estructurales debe ser el puntapié inicial que de origen a la unión de mujeres de diversas procedencias ideológicas a fin de impulsar la conformación de un “mundo” laboral, político, económico y cultural más justo. Como decía Nancy Fraser (1991) hay que “politizar las necesidades”, esto es, conseguir que esas demandas ingresen al espacio de lo público, a la agenda estatal.

Hay determinados factores que pretenden despolitizar las demandas sociales, el ámbito familiar y el económico operan como los principales “obstáculos” a vencer para que una necesidad se transforme en objeto de atención política. Las “necesidades fugitivas” que son aquellas que han logrado traspasar esos ámbitos para ingresar en el campo de “lo social”, espacio en el que los grupos compiten entre sí por armar e influenciar el rumbo de la agenda política. Sólo las necesidades que han logrado ingresar en este terreno se pueden convertir en foco de intervención estatal (Fraser, 1991).

El Estado, en tanto corrector de injusticias e inequidades sociales, debe impulsar el diseño y ejecución de políticas públicas que pongan fin al modelo hombre/proveedor, mujer/cuidadora y que contribuyan a promover la igualdad y la justicia en las relaciones de género. En este marco, la intervención estatal debe orientarse a la promoción de políticas sociales de desfamiliarización que contemplen una importante inversión en infraestructura destinada a incrementar la oferta pública de cuidado para que las mujeres puedan conciliar vida laboral y familiar y adquieran autonomía para su autorrealización personal en el mercado de trabajo. Asimismo, se requieren políticas públicas que fomenten la reeducación intrahogar a efectos de reconfigurar relaciones de género bajo la premisa de la responsabilidad compartida de los cuidados.

Cortar la cadena de reproducción del orden construido en base a preceptos patriarcales supone frenar las “tensiones” históricas que se han producido entre hombres y mujeres en función de la concesión de derechos a los primeros en detrimento de las últimas.

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[1] Melisa Cristina Vargas. Licenciada en Ciencias Políticas. Maestranda en Política Social. Docente en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8402-9155 Correo electrónico: melyvargas.mv@gmail.com

[2] El PIB es un indicador que refleja la evolución económica de un país que es útil para realizar comparaciones y entender las dinámicas de crecimiento y/o desarrollo económico, entre otras. Una de las formas de leer este indicador es en relación a su composición. En el caso de Argentina, los sectores con mayor aporte al PIB son la industria y el comercio. (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 2020b p.6-7)