TRAMAS  SOCIALES  |  REVISTA  DEL  GABINETE  DE  ESTUDIOS  E  INVESTIGACIONES EN SOCIOLOGÍA (GEIS)

 

ISSN: 2683-8095

Nº 03 | Año 03 |Septiembre 2021

 

La crisis en Venezuela. Una explicación entre la Guerra Económica y el déficit fiscal 

 

The economic crisis in Venezuela. An explanation between the ‘Economic war’ and the fiscal deficit

Almirón, Irina[1]

Fanego, Ezequiel[2]

Recepción: 31/03/2021 - Aceptación: 08/06/2021

Páginas: 238-255

 

Resumen

El presente trabajo pretende esbozar una explicación alternativa de la crisis económica actual en Venezuela, una suerte de “tercera posición” respecto a la postura del gobierno, que atribuye el desplome económico a presiones imperialista y, a su vez, respecto a la postura de la llamada “derecha venezolana”, que entiende como principal causa del colapso macroeconómico el intervencionismo estatal, la corrupción y el elevado déficit fiscal. Atendiendo a las particularidades del proceso de acumulación capitalista venezolano, intentaremos dar respuesta a la pregunta de por qué la enorme renta petrolera no se tradujo en un desarrollo sólido y duradero de las fuerzas productivas.

 

Palabras clave Venezuela; desarrollo; vulnerabilidad; crisis.

 

Summary

The purpose of this paper is to outline an alternative explanation of the current economic crisis in Venezuela, a sort of "third position" with respect to the government's position, which attributes the economic collapse to imperialist pressures and, in turn, with respect to the position of the so-called Venezuelan right” that understands as the main cause of the macroeconomic collapse state interventionism, corruption and the high fiscal deficit. Considering the particularities of the Venezuelan capitalist accumulation process, we will try to answer the question of why the enormous oil income did not translate into a solid and lasting development of the productive forces.

 

Key Words Venezuela; development; vulnerability; crisis.

 

 

Introducción

La profunda crisis económica que viene atravesando Venezuela en los últimos años ha llegado sin duda alguna a un punto culmine. Efectivamente, el colapso macroeconómico que vive el país ha llegado a una dimensión inaudita: la inflación y riesgo país más altos del globo, un déficit fiscal que alcanza las dos cifras, una grosera e imparable fuga de capitales y la gran escasez de bienes y servicios son algunos de los males que aquejan al país caribeño. Algunas estimaciones sostienen que la producción ha caído más del 50% en el período que va del 2013 al 2018, siendo el pronóstico para el año en curso aún peor (Sutherland, 2018).

Existe un sinnúmero de explicaciones a dicha crisis, cuya procedencia es indicadora de no solo distintas escuelas económicas sino también de diversos sectores político - ideológicos. En este sentido, es posible dividir esquemáticamente la discusión en dos polos principales. En primer lugar, quienes se engloban alrededor de la derecha venezolana atribuyen la totalidad de la crisis a la mala gestión del gobierno bolivariano sin dar cuenta de sus profundas y complejas causas. En este sentido, este sector sostiene que tanto la inflación como la escasez que azotan Venezuela resultan exclusivamente del sostenimiento del nivel de gastos por encima del nivel de ingresos. En consecuencia, se produciría así un gran déficit fiscal cuya única solución resultó en el desmedido e indiscriminado aumento de la emisión monetaria que, a su vez, produjo un incremento generalizado de precios (Selman y Fornet, 2014). Asimismo, se centran en factores puramente políticos —tales como los rasgos autoritrarios del gobierno— , atacando especialmente el régimen chavista desde una postura netamente ideológica.

Segundo, la postura oficialista del gobierno venezolano y sus teóricos —los promotores del Socialismo del siglo XXI— que insisten en señalar la llamada “Guerra Económica” como único causante del deterioro económico que atraviesa el país, negando así tanto el carácter estructural de dicha crisis como la responsabilidad política del gobierno. Las agresiones de la clase dominante nacional y del imperialismo constituyen para el chavismo una barrera externa que debe ser sorteada por la Revolución Bolivariana en su camino hacia el socialismo del siglo XXI.

Consideramos que ambas explicaciones son insuficientes y parciales. En tanto no tienen en cuenta los problemas estructurales que presenta la economía venezolana desde hace ya más de medio siglo, atribuyen la responsabilidad monocausalmente a uno u otro factor, ya sea el asedio del imperialismo estadounidense o el gasto desmedido. Por el contrario, el propósito del presente trabajo es esbozar una explicación alternativa de la crisis económica actual que atraviesa Venezuela, una suerte de “tercera posición”, atendiendo a las particularidades del proceso de acumulación capitalista venezolano. Más específicamente, intentaremos dar respuesta a la pregunta de por qué la enorme renta petrolera no se tradujo en un desarrollo sólido y duradero de las fuerzas productivas. A pesar de la gran cantidad de divisas obtenidas por la comercialización de crudo, Venezuela continúa siendo un país con escaso desarrollo tecnológico y, en consecuencia, portadora de una economía altamente vulnerable.

La hipótesis de este trabajo es que no basta con la inyección de renta para generar un desarrollo sostenido, sino que es preciso que se den ciertas transformaciones sociales para lograr una acumulación duradera y estable. Intentaremos demostrar más adelante que la estructura social venezolana condujo a que la renta, en lugar de transformarla, la perpetúe, haciendo que perduren a lo largo de los años los problemas estructurales. Efectivamente, el reparto de la renta por parte de un Estado rico, durante el largo período en el que se gozó de una abultada renta, no generó ninguna revolución, es decir, ningún cambio profundo que se tradujera en el desarrollo de las fuerzas productivas.

 

Características estructurales de la economía venezolana: el gasto improductivo y la falta de reinversión productiva

 

Para una cabal comprensión de la crisis es necesario indagar en el régimen específico de acumulación de capital venezolano y la apropiación y redistribución de la renta petrolera que realiza el Estado. La enorme cantidad de renta que recibió el país a través de la compañía estatal de hidrocarburos (PDVSA) no fue destinada a la mejora tecnológica e industrialización, sino que, por el contrario, alimentó el sector improductivo.

El siglo XX fue testigo del vertiginoso crecimiento económico que experimentó Venezuela, transformándose en uno de los países más ricos del continente. Las dos primeras décadas del siglo pasado el PBI creció un 1.8% mientras que de 1920 a 1948 la suba fue de un 6.8% anual (Hausmann y Rodríguez, 2011). En este sentido, es posible sostener que ya desde la década de 1930 a la actualidad el sector petrolero es quien genera mayoritariamente las divisas venezolanas. En el presente, este número alcanza aproximadamente el 95% de las divisas totales, frente a un sector no petrolero que genera solo el 5%, siendo esta cifra menor a la cantidad de divisas que genera un país como Uruguay (Sutherland, 2019). 

Esta dinámica de falta de reinversión productiva de la renta y aumento del gasto no productivo no es propia únicamente de Venezuela, sino que se repite a lo largo de la historia mundial. Quizás el primer caso relevante haya sido el de España. La enorme inyección de renta en el país europeo, proveniente de la extracción de materias primas de las colonias americanas, lejos de fomentar un desarrollo productivo, dio impulso a toda una serie de actividades improductivas (Vilar, 1982). Asimismo, es posible afirmar que algo parecido sucedió con los países petroleros de los siglos XX y XIX como Argelia, Libia e Irak. A partir de la suba del precio del petróleo a comienzos de los años 70 —consecuencia del colosal aumento de demanda energética mundial y el ascenso de los países del tercer mundo—, estas naciones, al pasar bajo su mando el control de la cadena petrolera, vieron su renta considerablemente incrementada (Astarita, 2014). Sin embargo, las economías petroleras, entre ellas Venezuela, no fueron capaces de transformar los ingresos rentísticos en un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas pese a algunos intentos de industrialización impulsados a partir de la renta petrolera.

La industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en un primer momento, y luego una industrialización más vasta y pesada que superase las limitaciones de la primera, representaron un intento por convertir la renta petrolera en un factor de desarrollo sostenido en el tiempo. Ambas tuvieron la sobrevaluación del bolívar como un eficaz mecanismo de transferencia de renta hacia los sectores orientados al mercado interno (Astarita, 2014). Una moneda sobrevaluada permitía el abaratamiento de bienes de capital y materias primas indispensables para el despegue y consolidación de la industria. Es preciso destacar que este intento de industrialización solo fue posible gracias al boom petrolero de los años setenta —donde el precio se multiplicó por seis entre 1972 y 1974— y su posterior nacionalización (PDVSA) en 1975, dando origen al estallido rentístico de la llamada “la Gran Venezuela” o “Venezuela Saudita”. Los ideólogos económicos del gobierno, entre ellos el aquel entonces presidente Carlos Andrés Pérez, concibieron un ambicioso programa de desarrollo general y sectorial donde el Estado jugaría un papel predominante siendo el encargado de desarrollar un gran sistema de industria pesada con la creación de PDVSA, empresa que absorbió todos los consorcios extranjeros luego de la nacionalización de los yacimientos petroleros en 1975. De esta manera y teniendo en cuenta la importancia del petróleo en la economía venezolana, el Estado se convirtió en un importante agente económico que tutelaba el proceso de acumulación (Astarita, 2019). 

Sin embargo, a pesar de los intentos de hacer de la renta petrolera un factor de desarrollo sostenido, la estructura económica continuó siendo fuertemente asimétrica, dependiendo fiscalmente del petróleo y de la expatriación de plusvalías territoriales (Astarita, 2019). La importación de tecnología y maquinaria que posibilitó la sobrevaluación de la moneda, sumado a la vigencia de leyes proteccionistas, tuvo como contracara el débil acceso de los productos venezolanos al mercado externo. Asimismo, los síntomas del “país petrolero” se vieron agudizados para fines de los años setenta, frente a la abismal caída del precio del crudo, cuando Venezuela experimentó una fuerte disminución en el ritmo de la extracción de petróleo (Hausmann y Rodríguez, 2011). En consecuencia, esta industria mercado internista se vio enormemente perjudicada. El tipo de cambio y su baja productividad hicieron que los bienes de consumo producidos para el mercado interno como los textiles no pudiesen competir con las importaciones (Astarita, 2014).

En efecto, la extracción de crudo ya le había impreso una tipología específica a la economía venezolana. Como se dijo previamente, su estructura es asimétrica, ya que depende fiscalmente del petróleo y de la expatriación de plusvalías territoriales. Siguiendo a Sid Ahmed (1983), es posible afirmar que la gran renta petrolera que ha recibido Venezuela se tradujo en una disminución de todo esfuerzo productivo. Por el contrario, el aumento de los ingresos provenientes del sector petrolero impulsó la suba de importaciones y la baja de productos exportados. En palabras del autor, “existe una lógica de la renta que puede oponerse a la lógica de la producción” (Sid Ahmed, 1983:63). En este sentido, Sid Ahmed se alinea con la postura marxista que postula la importancia del desarrollo del trabajo complejo y la producción de mercancías altas en valor agregado para poder hablar efectivamente de un desarrollo. De un mismo modo, los neoschumpeterianos le otorgan un gran valor a la innovación tecnológica e investigación científica para que los países atrasados puedan desarrollarse. No existe modo alguno para comprar el desarrollo tecnológico. Este exige una red de inversiones en educación, investigación y desarrollo, y acumulación capitalista original (Astarita, 2019).

En el caso de las economías basadas en la renta, y sobre todo en la renta petrolera, la acumulación de la misma no es análoga al tipo de acumulación que se origina a partir del trabajo productivo. En ausencia de una verdadera estrategia que posibilite un desarrollo equilibrado entre las distintas ramas de la economía, la valorización de los recursos naturales e incluso su industrialización solo conducen a la dependencia (Sid Ahmed, 1983). De esta manera, a pesar de haberse producido en Venezuela un proceso acelerado de modernización técnica posibilitado por el boom petrolero, no es posible hablar de un verdadero desarrollo o, en términos de Sid Ahmed, crecimiento. Los ambiciosos planes de industrialización y crecimiento económico puestos en marcha en Venezuela —como en otras economías petroleras— no se tradujeron en un verdadero desarrollo, ya que nunca pudieron sortearse las dificultades estructurales previamente mencionadas. El vertiginoso crecimiento de la economía ya que entre 1968 y 1978 tuvo como contrapartida un bajo desarrollo de la productividad de los demás sectores no petroleros (Astarita, 2019). A pesar de la enorme inyección de renta que realizó el Estado, la productividad de la economía aumentó de manera poco significativa. 

Es posible afirmar entonces que Venezuela tiene una economía sumamente desequilibrada, puesto que coexisten una industria petrolera relativamente avanzada con estructuras productivas muy atrasadas. Esto sucede ya que la industria de punta, la petrolera, posee una lógica de enclave, es decir, está poco relacionada al resto de las ramas de la producción. De esta manera, a pesar del intento estatal de distribuir la renta hacia otros sectores productivos, este no logró superar el “dualismo estructural” de la economía venezolana (Astarita, 2019; Ominami, 1983). De esto se sigue que, según Malavé Mata (2006), el problema central en la economía venezolana es su dependencia de un modelo de crecimiento incapaz de generar una acumulación de capital autónoma, sin depender del gasto público financiado por los aportes fiscales de la industria petrolera.

Siguiendo nuevamente a Sid Ahmed (1983), el desarrollo implica la integración de los sistemas productivos. Sin embargo, en las economías basadas en la explotación de petróleo como la venezolana, el sector productivo es marginal y los servicios tienen mayor preponderancia. Esto explica el elevado nivel de vida de la población (productos subsidiados y consumos suntuarios), derivado de la repartición que el Estado realiza de la renta cuando esta es elevada. Sin embargo, esto coexiste con una débil estructura productiva.

Venezuela ha destinado escasos esfuerzos en generar un crecimiento económico. Según Sid Ahmed (1983), estas economías petroleras son incapaces de transicionar de la fase de inversiones extensivas a las inversiones intensivas. A pesar de que la inversión pública extensiva genere demanda, no es capaz de producir los cambios estructurales necesarios para posibilitar el desarrollo socio-económico de la nación.

Como se dijo previamente, el gran problema venezolano, al depender en su mayoría del ingreso rentístico, radica en que la economía queda a merced de las oscilaciones violentas de los precios y la demanda mundial de petróleo. El bienestar social, altamente dependiente del volumen de dicha renta, se ve fuertemente vulnerado cuando el precio del barril se derrumba. El poder adquisitivo se ve amedrentado y advienen drásticas devaluaciones de la moneda (el salario real descendió de 400 dólares a 3,38 dólares desde 2001 a la actualidad (Sutherland, 2019). De este modo, el sostenimiento de los subsidios se torna imposible para un Estado cuyas arcas comienzan rápidamente a vaciarse si el precio del petróleo desciende.

Ahora bien, como se verá más adelante, el ascenso del chavismo en 1999, lejos de acortar la brecha de productividad entre Venezuela y la media mundial, la ensanchó notablemente, profundizando la reprimarización de la economía. Gracias a la fenomenal alza del barril de petróleo, este problema quedó invisibilizado por algunos años. Sin embargo, a partir de la caída del crudo en 2014, todos los problemas estructurales de la economía venezolana emergieron aún con más fuerza.

 

Problemas económicos derivados de la falta de reinversión productiva

La venta de divisas preferenciales —a un precio sustancialmente menor al que indica el valor del dólar paralelo[3]— a los sectores de la burguesía mercado-internista e importadora, que genera pocas divisas y gasta una parte mayoritaria de las importaciones totales se produce en desmedro de los sectores petroleros que cambian petrodólares por bolívares artificialmente [4]sobrevaluados (Sutherland, 2016).

Esta dinámica no puede ser adjudicada solamente al chavismo, siendo que ha sido identificada como un rasgo que caracterizó el desarrollo de la acumulación de capital en Venezuela desde diversas perspectivas. Sin embargo, la sobrevaluación del bolívar durante el chavismo alcanzó niveles incluso superiores a aquellos durante el boom de la década del setenta. Aunque haya sido una tendencia constante en el desarrollo histórico del capitalismo venezolano, se observa una fuerte consolidación de la sobrevaluación como mecanismo de redistribución de renta por excelencia durante el gobierno de Hugo Chávez (Sutherland, 2019).

Como resultado de esta dinámica, la importación se abarató progresivamente. En consecuencia, se impuso en Venezuela una suerte de rentismo importador (Sutherland, 2019). La economía real devino avasallada por la economía ociosa, es decir, la economía no productiva. El aumento del consumo suntuario es un claro ejemplo de esto. Sectores medios altos y la burguesía adoptaron pautas de consumo similares a la de los países desarrollados. Esta dinámica se deriva perfectamente de la lógica rentística importadora, en desmedro del trabajo productivo y de la acumulación de capital. 

El gobierno venezolano no esgrimió ninguna política destinada a impulsar un nuevo desarrollo productivo, sino que optó por distribuir improductivamente la renta a los sectores importadores (Sutherland, 2019). Esto impuso una dinámica económica improductiva, altamente dependiente de las importaciones y, además, con un fuerte componente especulativo en precios (Serrano Mancilla, 2016). Si tomamos datos recientes de Sutherland (2019), podemos darnos una dimensión del derroche rentístico durante el chavismo. En lugar de realizar un ahorro en momentos de bonanza económica (alto valor del petróleo), la renta petrolera se destinó a todo tipo de excesos:

“El Total recibido por exportaciones FOB (más servicios) desde 1999 hasta 2015 fue de: 1.004.399 millones, es decir, más de un millón de millones de dólares. Eso es equivalente a 10 planes Marshall (medidos con dólares bajo la paridad del año 2000)” (Sutherland, 2019).

Ahora bien, esta transferencia de la renta petrolera por medio de la sobrevaluación del bolívar sólo puede mantenerse en un contexto en el que el precio de barril de petróleo está en alza. Por el contrario, en aquellos momentos donde el precio cae, el endeudamiento se convierte en el mecanismo capaz de sostener esta transferencia de recursos a la economía no petrolera. La necesidad de divisas para sortear las dificultades provenientes de la caída del precio del crudo sometió a Venezuela al capital financiero mundial. La deuda externa, al igual que en otras economías petroleras, creció considerablemente (Astarita, 2019).

De ahí se explica el riguroso pago de la deuda externa que mantuvo en chavismo, aunque hoy día los pagos hayan prácticamente cesado, dada la catástrofe económica que sufre el país. No obstante, a medida que desciende el precio del barril, aumentan las dificultades para endeudarse, siendo que los acreedores sospechan la imposibilidad de pagar las deudas contraídas y la caída en default (en la actualidad la deuda externa venezolana ronda los 184.500 millones de dólares[5]).

El desdoblamiento cambiario produjo toda una serie de negociados corruptos. La cada vez más barata importación derivó progresivamente en la desviación de divisas destinada a importar bienes y servicios, en aras de usar esas divisas para fugar capitales o para revenderlas en el mercado paralelo (la frontera con Colombia, habitualmente) con ganancias extraordinarias el (15773 % en 2016 según Sutherland, 2016).

La importación fraudulenta es uno de estos negociados por excelencia. Altamente beneficiada por un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado, (6 bolívares oficiales contra 1000 que indica el mercado paralelo en 2016 según Sutherland) es una de las causas centrales de la caída en la oferta de bienes y servicios. Uno de los casos más impresionantes que ilustran la importación fraudulenta es el de los fármacos, los cuales en el 2016 presentan una escasez del 70% aproximadamente. Las grandes empresas transnacionales, muchas de las cuales encabezan la lista de los máximos beneficiados en la entrega de divisas oficiales, alegan importar insumos para producir medicamentos. Estos sectores multiplicaron diez veces el costo de sus importaciones totales, mientras que la cantidad de mercancías que efectivamente traen al país disminuyó en un 87%. Este tipo de dinámica -que se repite en otras ramas de la economía -la importación de carne, durante el período 2003-2013, aumentó 17.810%, mientras que su consumo disminuyó un 22% -no puede sino indicar una exportación de capital sin contraprestación alguna y es la causante de la escasez de productos de primera necesidad en el país (Sutherland, 2016).

A pesar de que la fuga de capitales haya sido una constante histórica en el desarrollo capitalista venezolano, se observa que en el período 2000-2010 la exportación de capital sin contraprestación fue mayor al período 1970-2000 (Sutherland, 2016a). En un principio se suponía que el gobierno iba a detener esta tendencia con la aplicación del control cambiario de 2003. Sin embargo, se observa que en 2011 la huida de capitales fue aún mayor que en 2001, cuando aún no existía dicho control y la facultad de conversión de bolívares a dólares era plena (Sutherland, 2016). Esta tendencia se vio profundamente agudizada debido a la incapacidad del gobierno chavista de generar condiciones sociales precisas para la acumulación de capital.

El empresariado venezolano perteneciente al sector menos dinámico de la economía, aquel orientado a la producción interna, ha logrado triplicar la cantidad de divisas que posee en el extranjero, aún bajo la égida del estricto control de cambio y considerando que en el 2013 el 96% del ingreso de divisas al país se realizó a través de empresas estatales (Sutherland, 2016). Mientras la “opinión pública” cree que la escasez y el desabastecimiento se deben a la insuficiencia distributiva de las divisas preferenciales que otorga el gobierno, fue en realidad la venta fluida y a baratísimo precio lo que ha llevado al país a la bancarrota (Sutherland, 2015).

 

En abril de 2014 comienza a caer progresivamente el precio del crudo (Sutherland, 2019). Aunque el precio triplica al del período 2001-2002, la hipertrofia importadora[6] es ya tan elevada que desencadena un acelerado déficit en la cuenta corriente, que a su vez va a generar una contracción de las importaciones cuando las divisas se tornen escasas. Comienza a evidenciarse el recrudecimiento de las dificultades estructurales e históricas de la economía venezolana, teniendo un costo muy grande sobre la población enormemente empobrecida. La escasez de los alimentos y su consecuente alza desmesurada en los precios obliga al gobierno a tomar medidas que no son más que pequeños parches.

Ante la crisis alimentaria, la política que había tenido el chavismo de estatizar grandes extensiones de tierras y entregarlas a pequeños productores termina por agravar la situación. Estos, que careciendo de subsidios y protección estatal no podrían afrontar la producción, no son capaces de garantizar el abastecimiento del mercado interno. A pesar del gasto que esto implicó para el gobierno bolivariano, las importaciones de productos alimentarios básicos siguen aumentando (Sutherland, 2019).

Otro ejemplo de esta fragmentación resulta la proliferación de pequeños capitales en forma de cooperativas o PyMES, cuya diminuta escala impide pensar un proceso de industrialización relevante para abastecer el mercado interno e independizarse, al menos en parte, de las importaciones. Además, cuando el precio del crudo disminuye, el gobierno chavista restringe la venta de divisas preferenciales. Sin embargo, quienes quedan fuera del reparto son los pequeños capitales. Esto produce una concentración y centralización del capital y la quiebra de los pequeños productores imposibilitados de obtener divisas. Se intensifica así el desabastecimiento y el aumento de precios, lo cual hace impotente los controles estatales (Sutherland, 2019).

El Estado, a través de PDVSA, se ve en la necesidad de importar bienes de primera necesidad para el sostenimiento de la reproducción de la clase obrera. Sin embargo, esta constituye otra de sus medidas truncas, ya que no se produce un avance en su procesamiento directo interno y distribución, que queda en manos de los privados. Estos sectores importadores parásitos, también llamados “boliburguesía”, a quienes el Estado les garantiza dólares baratos por medio de la sobrevaluación del bolívar, continúan con su fuga de capitales y fraudes importadores (piden dólares para importar mercancías que nunca traen al país), con la complicidad de la burocracia estatal y los militares, quienes ganan terreno en el manejo del Estado, (actualmente ocupan el 50% de los ministerios y varias gobernaciones), frente a la caída generalizada del consumo.

Ante este panorama, la política estatal se muestra no solo incapaz de afrontar la crisis económica, sino que las medidas que se promulgan continúan profundizándola. El déficit fiscal crece descontroladamente como consecuencia de la disminución de ingresos de PVDSA - (debido a la caída del precio del petróleo y el deterioro general de la compañía por la falta de inversión)-, y del mantenimiento extraordinario del nivel de importaciones y de subsidios como el de la gasolina, tan absurdos que anulan la ley del valor (el kilo de tomates es más caro que el litro de gasolina). Dicho déficit, ante la imposibilidad de conseguir más deuda debido a la desconfianza de los acreedores, es financiado aumentando la emisión monetaria[7], lo cual potencia la hiperinflación. En 2018 esta fue de 1.698.488,2 %, según la Asamblea Nacional de Venezuela y 90.000% según Sutherland (2019).

Asimismo, PDVSA, la principal fuente de ingresos del país, quedó totalmente quebrada: su producción ha caído considerablemente y los dólares que aun consigue siguen siendo transferidos a los sectores improductivos de la economía. La deuda financiera de PDVSA se multiplicó por más de diez veces. Esto significa que el gobierno venezolano dilapidó la renta petrolera presente y buena parte de la futura al endeudar exageradamente la empresa estatal y al no realizar las inversiones en mantenimiento que ésta requería. En consecuencia, se produjo para el período 2012-2019 una caída del 70 % en la extracción de petróleo (Sutherland, 2019).

 

El ultra-regulacionismo y la burocracia estatal

El gobierno chavista se quita toda responsabilidad política del desastre económico que ocurre. Según los teóricos de “La Guerra Económica”, la facción ultrarregulacionista del gobierno, el principal problema que azota Venezuela es la inflación desmesurada. El gobierno chavista se ha corrido completamente de cualquier conceptualización teórico-científica de la inflación. En su lugar, ofrece toda una serie de explicaciones a la escalada de precios basadas en la confabulación burguesa y el imperialismo. Consideran que los precios son impuestos por la abstracta voluntad de los empresarios.

Para los ultraregulacionistas, el problema de la inflación debe ser enfrentado mediante controles de precios; el acaparamiento y bachaqueo (contrabando a través de la frontera) con castigos más duros, y, siendo que los colombianos “se roban los billetes”[8], es preciso emitir más billetes aun. En este sentido, el argumento de la Guerra Económica es la justificación ideológica del gran aparato burocrático que posee el gobierno chavista. Todas estas medidas implican la proliferación de una enorme cantidad de funcionarios necesarios para garantizar los innumerables controles estatales, cosa que hacen ineficientemente, por lo cual termina siendo un gasto estatal inútil.

Es preciso destacar que la burocracia estatal en Venezuela ha quedado por fuera del control de los trabajadores y consumidores. Esto ha generado múltiples problemas. Cuando Lenin habla del  capitalismo monopolista de estado  no estaba sugiriendo otra cosa que la intervención estatal en la economía, entendida como control y regulación por parte del Estado sobre las esferas de la producción y circulación y la propietarización estatal, es decir, nacionalizaciones, estatizaciones y confiscaciones. En sus palabras, “El capitalismo monopolista de Estado es la preparación material más completa para el socialismo, su antesala, un peldaño de la escala histórica entre el cual y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio.” (Lenin, 1921). El Capitalismo de Estado se trataba específicamente de un capitalismo bajo el poder soviético, es decir, bajo la dictadura del proletariado. De esto se sigue, por lo tanto, que el capitalismo de Estado solo puede ser progresivo, según Lenin, en la medida en que esté subordinado al desarrollo de las fuerzas productivas a partir del accionar de una clase social cuyo papel sea históricamente progresivo. De este modo concebía Lenin el Capitalismo de Estado como una herramienta para el avance hacia el socialismo, estando este subordinado a los soviets y el programa revolucionario.

En Venezuela ocurrió todo lo contrario, puesto que el Capitalismo de Estado no fue liderado por una clase con un papel progresivo. Asimismo, la burocracia estatal se autonomizó por completo del control o presión de clase y, en consecuencia, se enriqueció enormemente a partir de la apropiación del excedente. A pesar de no ser parte de la burguesía estrictamente (por no poseer medios de producción) se apropia de la plusvalía a partir de la mediación entre los medios de producción del Estado y la economía de mercado (Astarita, 2019). Esta mediación implica la marginación de la clase trabajadora de todo tipo de decisión y control sobre la economía. En consecuencia, las decisiones burocráticas quedan absolutamente desligadas de lo que sucede en el ámbito laboral. Asimismo, los planes económicos son trazados sin tener en cuenta ni la productividad ni las necesidades de la población, sino que la lógica que los domina es la del poder que se disputan distintos sectores de la burocracia.

En consecuencia, la planificación económica resulta frecuentemente desarticulada; la producción estatal no se relaciona ni tiene en cuenta la producción privada; los costos son desatendidos (Astarita, 2019).

Por otra parte, la autonomización de la esfera burocrática se traduce habitualmente en hostilidad de la clase trabajadora, que a su vez tiene como resultado el trabajo a desgano y la baja productividad. Se produce así un crecimiento extensivo que exacerba aun más los desequilibrios ya existentes. Esta mencionada hostilidad suele agudizarse aun con más fuerza en los Capitalismos de Estado basados en el manejo estatal de la renta, siendo que en el manejo burocrático  del presupuesto se articulan la industria petrolera y el sector no petrolero. De allí se derivan las protestas populares por el alto grado de ineficacia, corrupción y despilfarro presentes en la burocracia (Astarita, 2019).

En este sentido, esta facción ultraregulacionista del gobierno se empalma con la burocracia que quiere perpetuar sus negociados extraordinarios a todo costo. Por ello, no hacen ni mención a los problemas de fondo que generan la crisis, puesto que se sirven de ellos para perpetuar el saqueo. Estas problemáticas estructurales intencionalmente dejadas de lado son:

1. El desdoblamiento cambiario que posibilita la sobre facturación y fraude de importaciones.

2. Los llamados “precios justos”, el programa de control de precios que obliga a vender mercancías por debajo de su costo de producción, anulando la ley del valor. Esta medida es absolutamente inocua por dos motivos: la burguesía acapara productos, no vende, generando desabastecimiento, y/o vende en el mercado negro para obtener una ganancia mayor.

3. El déficit fiscal, producto del enorme subsidio a la energía, entre otros servicios. Según Manuel Sutherland para el período 2014-2016 el subsidio a la energía fue de 75.000 millones de dólares, el 20% del PBI para esos años, el equivalente a 10 veces la deuda externa de Bolivia. Por el contrario, el gasto destinado a salud y educación fue del 9,6% del PBI para el mismo período. Este grosero subsidio explica el tráfico de gasolina a Colombia, desarrollado principalmente por los militares venezolanos en la frontera y el colapso del sistema energético, que en marzo de este año se evidenció crudamente al quedar Caracas a oscuras y sin agua durante todo el mes (y no por la “guerra electromagnética” y el “hackeo yanqui”). 

4.  La descontrolada emisión monetaria, de bolívares inorgánicos, sin respaldo en dólares, que explica la mayor hiperinflación de la historia de América Latina.

 

Las sanciones económicas y su impacto en la economía venezolana

A mediados de 2017 se suma un nuevo ítem a la “Guerra Económica”. De este modo, las sanciones económicas y financieras impuestas por el imperialismo norteamericano le servirían al gobierno como factor explicativo de la escasez de medicamentos, alimentos, capital, etc. Interesa detenernos en este punto, debido a la enorme confusión sobre el impacto real de dichas sanciones. La burocracia chavista utiliza estas medidas impuestas a Venezuela  para desligarse de su responsabilidad en la crisis económica y humanitaria en curso. Si bien son muchas, nos interesa particularmente detenernos en las siguientes:

 

     En agosto de 2017 el presidente Trump emitió la O.E. 13808, donde se imponen las primeras medidas financieras contra el gobierno de Venezuela. La causa estriba en que el gobierno “ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, acciones antidemocráticas y es responsable de una profunda crisis humanitaria”.

     En noviembre de 2018 el presidente Trump emite la O.E. 13850, dando lugar a las primeras sanciones de índole económico. En ella se prohíbe y bloquea cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro, o cualquier activo (determinado por el Departamento del Tesoro (DT)) que el gobierno venezolano ejerza con empresas estadounidenses

     El 28 de enero de 2019, de conformidad con la O.E. 13850, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a la estatal PDVSA, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasan a estar bloqueadas. Todo ciudadano estadounidense tiene prohibición de establecer negocios con dicha empresa. Las transacciones con dos subsidiarias de PDVSA en EEUU como CITGO y PDVSA Holdings, relativas a la importación de petróleo y aditivos, está permitida hasta el 28 de abril de 2019. Los pagos realizados a estas empresas de PDVSA en EEUU se congelarán en cuentas estadounidenses.

     En abril de 2019 otros activos extranjeros venezolanos han sido confiscados por gobiernos estrechamente aliados a los EE. UU. Ello incluye 1200 millones de dólares en oro que el estado tiene en el Banco de Inglaterra y una compañía de fertilizantes de PDVSA ubicada en Colombia: Monómeros, valorada en 269 millones de dólares. (Weisbrot & Sachs, 2019) (Sutherland, 2019)

 

En primer lugar, cabe destacar que estas sanciones son aún muy recientes, por lo cual no es posible todavía observar los efectos negativos que sin duda más adelante se expresarán crudamente. La crisis económica venezolana, como se explicó previamente, es de larga data.

Con respecto a la falta de alimentos y medicinas, el gobierno bolivariano podría importar sin mayor problema estos productos de China, Rusia, India, entre otros, quienes están dispuestos a venderle. Sin embargo, el gobierno venezolano no está en condiciones de importar dichas mercancías debido a la escasez de divisas, producto de la crisis que inició en 2009, y agravada por el desdoblamiento cambiario que generó una enorme sobrefacturación de las importaciones en estos productos. Para 2013 la importación de medicamentos alcanzó la cifra de 3.200 millones de dólares, cuando en 1998, satisfecha la demanda interna, el valor de dicha importación era de 222 millones de dólares. Para el período 2013-2016 la importación de medicamentos descendió un 65% (Sutherland, 2019).

La imposibilidad del gobierno de acceder a crédito internacional, al contrario de lo que sostiene el oficialismo, no se debe a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. Por el contrario, sus principales socios sospechan la inminente caída en Default, imposibilitando el pago de las deudas contraídas (Sutherland, 2019).

El caso del embargo de CITGO es particularmente grave para Venezuela, ya que reduce el ingreso de divisas disponibles. El gobierno norteamericano espera que para 2019 Venezuela pierda 11.000 millones de dólares (Sutherland, 2019). No obstante este embargo no explica la caída en la producción petrolera, ya que para el período 2008-2019 esta fue de un 70%, nueve años antes de las sanciones petroleras. Por el contrario, la caída en la producción petrolera se debe a: “(...) la escasa inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el escaso ingreso interno al regalar la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio (...)” (Sutherland, 2019).

A modo de repaso, las primeras sanciones financieras comienzan en agosto de 2017, y las económicas en noviembre de 2018, pero la caída del 30% de PBI se da entre 2013-2016.

La prohibición de reestructurar la deuda externa con bonistas estadounidenses es durísima para Venezuela, pero esto no le impide a otras firmas no estadounidenses la compra de bonos venezolanos. Estas no lo hacen debido a  las sanciones, sino por el temor al ingreso de Venezuela en default.

Dicho esto, es cierto que las sanciones ralentizan la recuperación económica y golpean con mayor dureza a los sectores más vulnerables. Sin embargo, e irónicamente como marca Francisco Rodríguez, Ceo de Torino Capital (indiscutido opositor al gobierno de Maduro), las sanciones no debilitan necesariamente al gobierno, ya que convierte en dependientes a un número mayor de personas de la caja de alimentos (CLAP) que provee el Estado.

 

A modo de conclusión

La hipertrofia importadora y la vigorosa fuga de capitales se tradujeron en una acelerada exportación de la renta petrolera venezolana. Para el período 2003-2012, las importaciones se multiplicaron más de cuatro veces y la fuga de divisas alcanza los 600 mil millones de dólares, teniendo en cuenta las importaciones fraudulentas previamente mencionadas (Sutherland, 2019). Con estas cifras se evidencia claramente que el gobierno chavista no pudo estar más alejado de aplicar políticas favorables a la industria nacional (ya sea estatal o privada). Por el contrario, el Estado se abocó a tratar de resolver las necesidades de la economía a través de las importaciones masivas —cuyo aumento fue de un 1033% para el período 2003-2013—, en lugar de invertir productivamente en la creación de empresas estatales y privadas. Como se dijo previamente, en Venezuela la economía devino sumamente improductiva y ociosa, en lugar de privilegiar el trabajo productivo, lo cual hubiese implicado un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. El chavismo, al producir el abaratamiento artificial de las mercancías extranjeras mediante el favorecimiento de las importaciones, terminó por aplicar una política proteccionista a la inversa. De esta manera, destruyó por completo el aparato productivo nacional, tanto el agrícola como el industrial, sosteniendo un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado (1 dolar=10 bolívares cuando el paralelo indica 210500 bolívares en enero de 2018) (Sutherland, 2019). La política económica del gobierno no hizo más que enriquecer desmesuradamente a algunos sectores que se vieron enormemente beneficiados por ella, pero sometiendo al resto de la población trabajadora a una extrema pobreza.

El discurso de la Guerra Económica es puesto al servicio de subordinar ideológicamente a la clase obrera venezolana y su vanguardia a la burocracia chavista. De esta manera, si todas la penurias que sufren las masas se explican por planes conspirativos de la burguesía, la derecha local y continental y el imperialismo internacional comandado por Estados Unidos, lo único que le resta a las masas es cerrar filas con el gobierno y “resistir”.  Esto se traduce en la subordinación ideológica y política absoluta del pueblo venezolano a la burocracia estatal.

Por otra parte, es tal la descomposición de la clase obrera a efectos de la crisis que resulta sumamente difícil la construcción de una articulación verdaderamente popular que logre dar una salida de los trabajadores de la crisis. Asimismo, con el recrudecimiento de la crisis se ha producido un gran descrédito del ideario y programa socialistas (Astarita, 2019). Es de común acuerdo entre muchísimos ciudadanos venezolanos que la crisis significa el fracaso rotundo del sistema socialista: “a las masas le prometieron el “socialismo siglo XXI” y las condujeron al desastre” (Astarita, 2019). En 2001 el salario de un obrero promedio alcanzaba los 400 dólares mensuales, mientras que en la actualidad es de 3,38 dólares mensuales. La situación de extrema pobreza en que se encuentra una gran parte de la población disminuye en gran medida su potencial contestatario. A esta situación se suma el gran éxodo venezolano a otros países latinoamericanos. Los emigrados constituyen aproximadamente el 13% de la población, valor que representa el 25% de la mano de obra económicamente activa. Estos factores hacen que por más que la crisis recrudezca cada vez más, la burocracia siga firme en el manejo del Estado y no se vea amenazada seriamente por alguna fuerza que brote de la sociedad civil, ya que la tendencia de los sectores subalternos es a una creciente disgregación.

 

Bibliografía

 

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Vilar, P. (1982). Oro y moneda en la historia (1450-1920). Barcelona: Ariel.



[1] Licenciada en Sociología (UBA) y maestranda en Ciencia Política (UNSAM). Correo electrónico: irina.almiron@hotmail.com

[2] Ezequiel Fanego, Profesor en enseñanza media y superior de historia (FFyL-UBA). correo electrónico: fanegoezequiel@gmail.com

[3] siguiendo a Yochanan Shachmurove (1999), las regulaciones cambiarias estatales tienen como contrapartida el surgimiento de mercados paralelos de divisas, es decir, no oficiales o ilegítimos. La importancia del dolar paralelo radica en que, Sutherland (2018), sirve de parámetro para fijar casi todos los precios de la economía.

[4] con “artificial” nos referimos a que el bolívar vale más de lo que representa la productividad media de la industria venezolana, considerando que el valor de una moneda está dado por el nivel de productividad de su economía

[5]       https://prodavinci.com/deuda-externa-venezolana-un-mapa-de-propuestas/

[6]       “(…) el fervor importador llegó a traer: leche líquida, cemento, gasolina, plástico y obreros (chinos) para construir viviendas (…) Las importaciones CIF que en 2003 apenas rozaban los 14 mil millones de dólares, en 2012 alcanzaron los 80 mil millones de dólares (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2014), importación que siendo “supuestamente” orientada en 70 % a la inversión productiva, no se vio reflejada en un aumento correlativo de la producción nacional. El aumento de las importaciones CIF de 457 % para el período (2003-2012) refleja que el ritmo en la importación es a todas luces exagerado(...)” (Sutherland, 2019).

[7]       “(...)un aumento de la base monetaria en más de 125.000 % (de enero 1999 a enero 2017)(...)” (Sutherland, 2019)

[8] Esta propuesta parece ser de la señora Pascualina Curcio, quien dijo que el Banco de la República de Colombia (BRC) había secuestrado a la mitad de todos los billetes de Bs.100 que se han impreso, pagando 10 dólares por cada uno de ellos, para luego atesorarlos en sus bóvedas; y como se han rebosaban las arcas, los envían a Suiza, Ucrania, Alemania etc.[viii]. En otros espacios hemos comentado la imposibilidad de un acto tan sublime y magnánimo del BRC, dado que gastarían más del 80 % de sus reservas internacionales (Sutherland, 2017).